La Universidad Complutense de Madrid (UCM) solicita que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, le devuelva más de 113.000 euros. En el documento, la UCM detalla que la cantidad reclamada corresponde a 108.765,79 euros por el coste directo del desarrollo del software y 4.743,53 euros por los costes asociados al personal técnico y administrativo implicado en el proyecto.
El software estaba adscrito a la cátedra que Begoña Gómez codirigía y fue utilizado en una web de su propiedad para asesorar a pequeñas y medianas empresas sobre sostenibilidad. La Guardia Civil detectó anomalías y contratos que beneficiaron a empresas como Deloitte, que recibió más de 78.000 euros por este proyecto.
La universidad solicita que esta cantidad sea tenida en cuenta como cuantificación provisional de la responsabilidad civil, a efectos de una posible condena futura. Esta cifra no es nueva: en enero de este año, la UCM ya comunicó este importe al juez Juan Carlos Peinado, quien instruye una causa contra Gómez por varios presuntos delitos, entre ellos apropiación indebida, malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha comunicado al juez Peinado, con fecha 26 de mayo de 2026, que investigará al menos seis contratos por un importe total de 109.140 euros relacionados con el desarrollo del software de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que dirigía Begoña Gómez en la UCM.
Begoña Gómez ha defendido que actuó conforme a las indicaciones de la universidad y niega haber cometido irregularidades. Según su versión, el software fue registrado siguiendo el procedimiento establecido por la propia institución. La empresa Indra, por su parte, ha informado de que no consta en sus archivos ninguna acta de las reuniones relacionadas con el desarrollo de la plataforma digital, lo que añade un nuevo flanco a la investigación.
El abogado defensor de Gómez, el exministro Antonio Camacho, ha solicitado aplazar la vista preliminar fijada para el 9 de junio, al coincidir esa fecha con otra cita judicial en Córdoba. El juez Peinado ya advirtió en su último auto que los tres acusados deberán comparecer personalmente, con apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública si no se presentan.
