La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha concluido que varios contratos de la cátedra dirigida por Begoña Gómez en la Complutense se tramitaron «al margen del procedimiento establecido en la normativa» y de forma «premeditada». El informe, fechado el 21 de mayo y remitido al juez Juan Carlos Peinado, sostiene que determinados expedientes se elaboraron «a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad» a adjudicaciones ya decididas previamente.
Los investigadores ponen el foco en los contratos vinculados a la plataforma tecnológica Transforma TSC, desarrollada con un coste de 108.765 euros para la Universidad Complutense. La UCO afirma que las adjudicaciones «no solo estaban premeditadas», sino que algunas empresas comenzaron a trabajar antes de la formalización de los contratos.
El atestado señala directamente a dos contratos con Deloitte. Los agentes sostienen que la prestación comenzó antes de la adjudicación del primer contrato y que los servicios ofrecidos no se ajustaron al acuerdo. «Los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio», recoge el documento.
Los investigadores consideran que «se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte». En el caso de Making Science, la UCO señala que se prestaron servicios sin tramitar previamente un expediente administrativo.
El informe recuerda el carácter de administración pública de la Complutense y su obligación de ajustarse a la Ley de Contratos del Sector Público. Peinado investiga a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
Respecto a las cuentas bancarias, la UCO no ha hallado movimientos sospechosos y señala que la documentación analizada «concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando». «Las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente se corresponden con los principales pagadores que se identifican», añade.
El magistrado planteó la semana pasada juzgar a Gómez con jurado popular, algo inédito para la esposa de un presidente del Gobierno en activo.
