La alcaldesa del municipio madrileño de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar Jiménez, se sienta este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusada de prevaricación urbanística y ambiental. La Fiscalía reclama para ella tres años de prisión, una multa y doce años de inhabilitación para ejercer cargos relacionados con urbanismo y medio ambiente.
La regidora socialista, hermana de María Gertrudis Alcázar —secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero—, se enfrenta a este proceso judicial junto a otros tres responsables municipales: el concejal de Urbanismo, Joaquín Panadero, una exconcejala de Medio Ambiente y un técnico de urbanismo. Los cuatro están acusados de delito continuado por su presunta inacción ante las denuncias de los vecinos.
El caso gira en torno al restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio, ubicado en la calle María Zambrano. Desde al menos 2019, los residentes de la zona han denunciado reiteradamente las molestias provocadas por el establecimiento: ruidos, incumplimiento de horarios y celebración de eventos exteriores sin la preceptiva autorización.
El Ministerio Público sostiene que los acusados omitieron deliberadamente sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y protección del medio ambiente. Pese a la avalancha de quejas vecinales, el Ayuntamiento solo llegó a incoar cuatro expedientes sancionadores. Todos ellos, según la acusación, quedaron paralizados en los despachos municipales hasta que caducaron sin que se dictase resolución ni se adoptase medida cautelar alguna para cerrar la actividad.
La Fiscalía atribuye a la corporación local que lidera Alcázar una inactividad que infringió la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Además de las penas de prisión e inhabilitación, el escrito de acusación reclama una indemnización para los vecinos afectados por los perjuicios sufridos.
Este no es el primer encuentro de Antonia Alcázar con los tribunales. En 2024 fue absuelta en otra causa que investigaba un presunto amaño de contratos públicos, instruida por el juez Calama. Ahora, la coincidencia de este juicio con la atención mediática que rodea a su hermana —a quien el magistrado que investiga el caso Plus Ultra atribuye un papel operativo esencial en la presunta red de tráfico de influencias— sitúa a la alcaldesa de Velilla en el foco político.
