España ha recibido un nuevo varapalo judicial desde Estados Unidos. La Corte de Distrito de Columbia ha ampliado en 41 millones de euros la cantidad que pueden embargar los afectados por la retirada retroactiva de ayudas a las energías renovables, que ya alcanza los 700 millones. La resolución despeja el camino a nuevas actuaciones de incautación de activos en el denominado caso InfraRed.
La resolución, firmada el 12 de mayo por el juez federal John D. Bates, permite iniciar procedimientos de ejecución forzosa y registrar la sentencia en otros distritos federales estadounidenses para tratar de localizar activos españoles susceptibles de embargo. El caso corresponde al arbitraje impulsado por InfraRed Environmental Infrastructure, representada por Blasket Renewable Investments.
El tribunal arbitral del CIADI concluyó que España vulneró sus obligaciones bajo el Tratado de la Carta de la Energía y concedió inicialmente una indemnización de 28,2 millones de euros. Sin embargo, la prolongación del litigio, los intereses acumulados y las costas judiciales han elevado la cuantía hasta los 41 millones.
El juez Bates rechazó la petición de España de suspender las medidas de ejecución y considera que mantener paralizado el cobro pondría en peligro las posibilidades de recuperación de los acreedores, especialmente teniendo en cuenta que existen numerosos laudos pendientes contra nuestro país y un número limitado de activos potencialmente embargables en Estados Unidos.
La corte también permite registrar la sentencia en otros tribunales federales fuera de Washington, al considerar acreditado que España podría tener activos en distintas jurisdicciones estadounidenses. Además, el tribunal confirma que podrán continuar las labores de descubrimiento de activos y obtención de información financiera sobre propiedades españolas en Estados Unidos.
Entre las actuaciones ya iniciadas figuran requerimientos dirigidos a bancos, despachos de abogados y empresas relacionadas con la selección española de fútbol y el Mundial de 2026. Las empresas perjudicadas han localizado activos financieros y bienes inmuebles, pero también han puesto sus ojos en los patrocinios de la selección española en el Mundial de fútbol e incluso planean confiscar los aviones que trasladan al presidente del Gobierno y a la Casa Real en caso de que pisen suelo norteamericano.
El juez recuerda que España no ha dado pasos efectivos para pagar el laudo y señala que, aunque el Gobierno argumenta que la normativa comunitaria dificulta dichos pagos, no ha acreditado haber solicitado formalmente autorización a la Comisión Europea ni haber activado otros mecanismos para tratar de cumplir con la sentencia.
La resolución supone un nuevo revés judicial para el Gobierno español en la creciente ofensiva internacional emprendida por los acreedores de los laudos de las renovables. Según una nota de situación elaborada en mayo de 2026, la deuda total acumulada por los impagos derivados de los arbitrajes renovables supera ya los 2.310 millones de euros, una cifra que sitúa a España como el país con mayor volumen de incumplimientos de decisiones vinculantes de arbitraje internacional, por encima incluso de Venezuela o Rusia.
La ofensiva internacional ya se traduce en medidas concretas sobre bienes y activos españoles. Bélgica y Holanda han autorizado embargos y actuaciones cautelares contra propiedades del Estado, incluyendo la congelación de cientos de millones de euros y la incautación de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.
