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Cajasiete
lunes, 4 mayo,2026

Leyes Zombi

Un decreto-ley es, por definición, una norma con prisa. Se publica el martes y obliga el miércoles. No se debate, se anuncia. No se discute, se firma. No se habla, se manda. El artículo 86 de la Constitución solo lo permite en caso de extraordinaria y urgente necesidad -ya lo he dicho en alguna que otra columna-. Como con Sánchez  todo es extraordinario y urgente, se ha convertido en la forma ordinaria de gobernar. El problema viene cuando el Congreso, treinta días después, lo tumba. Entonces la norma desaparece. Pero los actos firmados a su amparo, no. Se quedan entre nosotros, como zombis.

Esta semana ha pasado con el Real Decreto-ley 8/2026. Estuvo vigente unas semanas. Obligaba a prorrogar contratos de alquiler. Topaba la subida de la renta al 2 %. Miles de personas en Tenerife, en Madrid, en Sevilla, firmaron papeles confiando en una norma que el jueves dejó de existir. El Congreso la derogó. Y todos esos papeles se quedaron flotando en el aire. A quien le importa.

Conviene poner los hechos por orden, porque la prensa de Madrid ha narrado esta semana la cocina política -33 derrotas legislativas, Sánchez sin presupuestos, Junts en el alambre- y ha pasado de puntillas por lo serio. Lo serio no está en el Congreso. Está en una cocina de Ofra. En un piso de La Cuesta. En el bar donde un señor le explica a otro señor que su inquilino le pidió la prórroga al amparo de un decreto que el jueves se evaporó, y que ahora no sabe ni si puede subirle veinte euros al mes.

Esto, en lenguaje técnico, se llama el problema de los efectos del decreto-ley no convalidado. En lenguaje de portal se llama “y ahora qué”. Cuando el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse en supuestos análogos, ha ido capeando el temporal entre dos principios que tiran cada uno por su lado: la seguridad jurídica, que pediría salvar lo firmado mientras la norma estaba viva, y el principio democrático, que diría que si el Congreso la ha rechazado es porque no debió existir nunca, no sirve, en palabras de Risto.  Resultado práctico: los Juzgados de Primera Instancia – que ahora se llaman de otra manera, mismo perro con distinto collar-  se van a pasar los próximos dos años decidiendo contrato por contrato, y a eso hay que añadirle si hay funcionario encargado, si tiene ganas, si al Letrado de la Administración  le da por hacer y al final otros dos años más.

Y mientras tanto, en la calle, los vecinos, el justiciable.  El que firmó pensando que estaba protegido. El que renunció a recuperar su piso porque la ley le obligaba. La señora que pidió un préstamo para arreglar el baño porque tenía la prórroga firmada. El chaval que esperaba mudarse en septiembre porque el contrato del casero terminaba en agosto. Todos ellos hicieron lo que hicieron porque había una ley. Esa ley, desde el jueves, no existe. Pero las decisiones que tomaron al amparo suyo siguen ahí, vivas, esperando a que un juez decida si valen, o al menos que decida, algo pero que decida.

Lo grotesco es que no es nuevo. Llevamos años legislando sobre vivienda con la técnica del WhatsApp: deprisa, sin releer, confiando en que el corrector automático arregle lo demás. Y se aprueban decretos-leyes sabiendo que caerán en el Congreso y a este Gobierno eso también le da igual. Es decir: se legisla con normas que el propio Gobierno calcula que durarán lo que dure el siguiente pleno parlamentario. Es como operar con la luz de una vela sabiendo que se apagará antes de terminar la operación.

Y que conste que no entro aquí en si topar las rentas es buena idea o mala. Esa es otra discusión. Entro en algo previo. Un país serio no puede legislar sobre derechos económicos de millones de personas con normas que llevan la fecha de caducidad incorporada. Lo grave no es que el RDL 8/2026 se haya caído. Lo grave es que se aprobó sabiéndolo.

Mientras tanto, el lunes a las nueve, el casero y el inquilino harán la misma llamada. Cada uno por su lado. Cada uno con la misma pregunta. Y nadie, ni en La Moncloa ni en el Congreso, podrá darles una respuesta. Esto también es vivienda. Aunque no salga en los titulares de Madrid.

Otra vez. Y van…….

Juan Inurria
Juan Inurria
Abogado. CEO en Grupo Inurria. Funcionario de carrera de la Administración de Justicia en excedencia. Ha desarrollado actividad política y sindical. Asesor y colaborador en diversos medios de comunicación. Asesor de la Federación Mundial de Periodistas de Turismo. Participa en la formación de futuros abogados. Escritor.

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