El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la convalidación del decreto ley que pretendía blindar los contratos de alquiler ante la inestabilidad económica derivada del conflicto en Irán. La iniciativa, promovida originalmente por el sector de Sumar dentro del Ejecutivo, contemplaba una prórroga extraordinaria de dos años para todos los arrendamientos con vencimiento entre marzo de 2026 y finales de 2027. Además de la extensión de los plazos, el texto establecía un tope máximo del 2% en las actualizaciones anuales de las rentas para frenar una escalada de precios impulsada por la inflación energética.
La votación ha certificado la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno para mantener en vigor esta medida de emergencia. Con un resultado final de 166 votos a favor frente a 177 en contra y 6 abstenciones, la norma decae de forma inmediata. El bloque del rechazo ha estado liderado por el Partido Popular, Vox y Junts, a los que se ha sumado el voto negativo de UPN. Por su parte, el PNV ha optado por la abstención, dejando al Ejecutivo sin el margen necesario para salvar una pieza clave de su agenda social para el presente ejercicio.
La caída del decreto supone el fin de las restricciones temporales que buscaban amortiguar el impacto de la crisis internacional en el mercado de la vivienda. Durante el debate, las formaciones que han votado en contra han criticado la norma por considerar que generaba inseguridad jurídica y desincentivaba la oferta de inmuebles. Con este revés legislativo, los contratos de alquiler que expiren en los próximos meses volverán a regirse por las condiciones generales del mercado y la legislación ordinaria, sin las protecciones adicionales que el Gobierno intentó imponer para contener los efectos de la guerra en los hogares españoles.
