El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha avanzado en el acuerdo para el despliegue de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la reunión de la Comisión Multilateral del Ministerio con comunidades autónomas que se ha celebrado hoy.
El secretario de Estado David Lucas, que ha presidido la reunión, ha insistido en alcanzar el acuerdo en torno a este Plan porque es lo que está reclamando la sociedad española. Así mismo, ha destacado que es la hoja de ruta para una excelente cooperación entre administraciones públicas para su puesta en marcha y colaboración público-privada que desplieguen políticas para garantizar el derecho a la vivienda desde la acción pública.
Entre otros asuntos, la reunión ha abordado la convocatoria de la Conferencia Sectorial, que tendrá lugar a finales del mes de mayo, que aprobará los criterios de reparto de los 7.000 millones de euros en primera vuelta. Esta aprobación supondrá el inicio del procedimiento para la transferencia del primer desembolso del Plan por parte del Gobierno correspondiente a la anualidad de 2026 y que ascenderá a 800 millones de euros, según ha informado a las comunidades autónomas el secretario de Estado.
A la reunión han asistido también el subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana, Pablo Torres; la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval; la directora general de Planificación y Evaluación, Maribel Vergara; y el anterior director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín.
Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas hasta los 7.000 millones de euros y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.
La inversión irá destinada al desarrollo de políticas públicas de vivienda que garanticen la asequibilidad y protección permanente de todas las viviendas movilizadas con fondos del nuevo PEV. Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.
El PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan impulsará un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.
