El Gobierno alemán ha activado uno de los mayores planes de contención social de los últimos años con una doble decisión: imponer un nuevo gravamen a las bebidas azucaradas y aplicar un severo recorte del gasto sanitario y de bienestar hasta 2030. Ambas medidas forman parte del paquete presupuestario con el que la coalición formada por conservadores y socialdemócratas pretende frenar el deterioro de las cuentas públicas y liberar recursos para el aumento del gasto estructural del Estado, especialmente en defensa.
La medida fiscal más inmediata será la creación de un impuesto específico sobre refrescos y bebidas con alto contenido en azúcar. El Ejecutivo calcula una recaudación cercana a los 450 millones de euros anuales, dinero que se destinará a sostener financieramente el sistema público de seguros médicos y a financiar campañas de prevención sanitaria. El diseño del tributo penaliza en función de la concentración de azúcar: las bebidas con menos de cinco gramos por cada cien mililitros quedarán exentas, mientras que las que superen ese umbral pagarán entre 26 y 32 céntimos por litro.
Aunque el Gobierno presenta este impuesto como una herramienta de salud pública, la realidad es que forma parte de una operación mucho más amplia de saneamiento financiero. Berlín asume que las cajas públicas de enfermedad arrastran un desfase creciente y que el actual modelo de prestaciones resulta cada vez más difícil de sostener sin nuevas fuentes de ingreso y sin recortes directos. La propia coalición ha pactado una reducción acumulada de hasta 38.000 millones de euros en gasto sanitario de aquí a 2030, una cifra que convierte esta reforma en uno de los mayores ajustes del sistema social alemán desde principios de siglo.
El plan no se limita a la sanidad. El acuerdo presupuestario incorpora también una revisión de ayudas sociales, mayores restricciones en determinadas prestaciones y un endurecimiento de los criterios de acceso a subsidios, dentro de una estrategia que el canciller Friedrich Merz y su bloque consideran imprescindible para contener el déficit. La presión añadida llega por el lado del rearme: Alemania ha acelerado sus compromisos de inversión militar y necesita abrir espacio fiscal en un momento de bajo crecimiento, envejecimiento demográfico y aumento sostenido del coste asistencial.
La decisión está provocando una contestación interna considerable. Más de 4.000 médicos y un millar de trabajadores sanitarios han respaldado públicamente el impuesto a las bebidas azucaradas como mecanismo de financiación preventiva, pero el respaldo desaparece cuando se aborda el recorte de prestaciones y la reducción del gasto hospitalario. Tanto en la CDU como en el SPD han surgido voces críticas por el riesgo de deteriorar uno de los pilares históricos del modelo alemán: una cobertura social amplia financiada de forma solidaria.
El Ejecutivo defiende que el sistema no puede seguir funcionando con la actual estructura de costes y que la combinación de nuevos impuestos selectivos y ahorro forzoso es la única vía para evitar un agujero mayor en las cuentas públicas. Sin embargo, la oposición social denuncia que Berlín está trasladando al ciudadano el precio de un cambio de prioridades del Estado: menos protección y más disciplina fiscal en plena escalada del gasto en seguridad.
Alemania, durante décadas referencia europea de estabilidad social, empieza así a asumir una nueva lógica presupuestaria en la que el bienestar deja de ser intocable. El impuesto al azúcar es solo la parte más visible de un ajuste mucho más profundo. Detrás llega una reforma que recorta cobertura, encarece consumo y redefine hasta dónde está dispuesto el Estado alemán a seguir sosteniendo su red de protección.
