La columna avanzó despacio, sin saltarse el límite, pero muy difícil de ignorar. Más de medio millar de autocaravanas y vehículos vivienda recorrieron este sábado la TF-1 desde San Miguel de Abona hasta Santa Cruz de Tenerife en una protesta «rodada» que, según los convocantes, denuncia una persecución sostenida por parte de varios ayuntamientos y la falta de infraestructuras básicas en la isla. Detrás del atasco hay un debate de fondo: qué papel reconoce Canarias a un turismo que no duerme en hotel.
La marcha, que se prolongó durante la mañana del sábado, salió pasadas las 11:00 horas y siguió la TF-1 hasta la capital. Los organizadores, la Federación G3A y la Asociación de Autocaravanistas y Caravanistas de Tenerife (ACAT), hablaron de más de 500 vehículos confirmados, una cifra que las plataformas vinculadas al sector ya califican de récord en las islas. Lo que durante años fue una queja en grupos de Telegram ha terminado en una columna larga de techos elevadores avanzando por la autopista del sur.
El listado de demandas no es nuevo, pero sí cada vez más concreto. Los autocaravanistas piden el fin de las restricciones de estacionamiento que se han ido extendiendo en municipios del sur y de medianías, con Arico como ejemplo recurrente; la creación de puntos ecológicos para vaciado de aguas grises y negras (las llamadas áreas de servicio que en cualquier punto del Mediterráneo peninsular son ya estándar); y un marco común que diferencie autocaravana homologada de furgoneta acampada salvaje. Denuncian, también, la proliferación de señales que limitan el acceso a «turismos» o de gálibos de altura colocados en accesos a costa que, en la práctica, expulsan a estos vehículos de las zonas de baño.
El argumento económico está sobre la mesa. Los colectivos defienden que la autocaravana es un perfil de visitante con gasto repartido en pueblos pequeños, supermercados, panaderías y puntos de servicios privados. El choque con las administraciones locales viene por el otro lado: la presión sobre suelo público, el problema real de pernoctas masivas sin infraestructura, y las quejas vecinales en zonas como Arico, Granadilla o el norte de la isla. No es un debate de blanco y negro; es un debate de ordenación.
Lo que la movilización pone encima de la mesa es que, hasta hoy, ningún cabildo ni gobierno autonómico ha aprobado un plan insular de áreas de servicio para autocaravanas. Mientras tanto, los ayuntamientos van improvisando: unos prohíben, otros toleran, otros cobran sin servicio. Esa asimetría es la que el sábado se leyó sobre el asfalto de la TF-1.
La cifra de 500 vehículos no es la noticia. La noticia es que un colectivo que hasta hace dos años parecía atomizado ha sido capaz de coordinar una columna de esa longitud sobre la autopista más transitada de la isla. Si la respuesta institucional sigue siendo improvisar señales y gálibos de altura, el debate volverá. Y volverá más grande.
