Los profesionales de Televisión Española han sido llamados a las urnas en una consulta interna que lleva siete meses bloqueada por la dirección de la cadena. El Consejo de Informativos, órgano encargado de velar por la independencia y objetividad de los contenidos, organizó la votación para conocer la opinión de la plantilla sobre la situación actual de la corporación pública.
El Consejo de Informativos acusa a la dirección de RTVE de haber impedido la participación de hasta 1.000 trabajadores al no autorizar el voto telemático ni facilitar la instalación de urnas en todos los centros de trabajo. Solo pueden votar de forma presencial en las sedes de Torrespaña, Prado del Rey, Sant Cugat y Las Palmas de Gran Canaria.
La corporación se ampara en la protección de datos para justificar las restricciones, pero el Consejo de Informativos denuncia un boicot deliberado. Finalmente, ante la falta de colaboración, el órgano interno optó por organizar la votación por su cuenta, recurriendo a cajas de cartón como urnas.
El cuestionario plantea a los trabajadores si perciben una merma en los servicios informativos y si la credibilidad de la cadena se ha visto afectada por la irrupción de programas de producción externa como Mañaneros 360, Malas lenguas y Directo al grano. Estos formatos, realizados por productoras privadas, han sido señalados por el Consejo de Informativos por su sesgo ideológico y falta de rigor periodístico.
La encuesta también pregunta si los informativos de producción interna están perdiendo medios materiales y personal en favor de estos programas externos, y si la independencia editorial de la cadena se ha visto comprometida tras los cambios en la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, que otorgaron más poder al presidente de la corporación, José Pablo López.
El conflicto de fondo gira en torno a la externalización de contenidos informativos. Los trabajadores consultados hablan de un clima de miedo a represalias por expresar su opinión y denuncian que estos programas se han convertido en un «coladero de mensajes políticos» que no pasan los controles de calidad exigidos a la plantilla.
La consulta cobra especial relevancia tras una sentencia judicial que condenó a RTVE y a su presidente por difundir información tendenciosa en Mañaneros 360. El Juzgado de Primera Instancia 72 de Madrid dio la razón a la Comunidad de Madrid por un rótulo emitido el pasado diciembre que vinculaba una subvención al Colegio de Abogados de Madrid con el papel de esta institución en el juicio contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El tribunal consideró que el programa omitió que la subvención correspondía al pago del turno de oficio, parte esencial de la justicia gratuita, y ordenó a RTVE rectificar la información en un plazo de tres días. La sentencia se conoció apenas 48 horas antes de la consulta a los trabajadores.
En el tramo final del cuestionario se pregunta a la plantilla si existen motivos para emprender acciones de protesta. Entre las opciones figuran los llamados «Viernes Negros», movilizaciones puntuales, los «Viernes Rojos», de carácter más contundente, o actos simbólicos como sentadas y minutos de silencio.
La dirección de RTVE anunció el inicio de un proceso para internalizar los programas magacín. Sin embargo, el Consejo de Informativos recibió el anuncio con escepticismo, señalando la coincidencia temporal con la consulta y recordando que recientemente se amplió la emisión de Malas lenguas manteniendo su estructura de producción externa.
Los resultados de la consulta se conocerán a finales de mes y determinarán si la plantilla respalda las movilizaciones propuestas. El presidente del Consejo de Informativos, Óscar Nieto, defendió que los profesionales de la información tienen derecho a dar su opinión sobre lo que ocurre en su empresa y denunció que nunca había existido tanta presión ni tantas amenazas contra el órgano de control interno.
