La acusación popular unificada encabezada por HazteOir presentó este lunes su escrito de conclusiones provisionales en el caso que se sigue contra Begoña Gómez ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El documento, de 62 páginas, llega en el plazo de cinco días fijado por el juez Juan Carlos Peinado tras su auto del 11 de abril, en el que cerró la instrucción y propuso juzgar a la esposa del presidente ante un jurado popular.
La petición de pena acumulada es de 24 años de prisión e inhabilitación absoluta de veinte años, distribuidos en seis delitos. El desglose es el siguiente: seis años por tres delitos de tráfico de influencias vinculados a sus actividades en la Universidad Complutense, cuatro por un delito continuado de corrupción en el sector privado, ocho por un delito continuado de malversación de patrimonio público, y seis más por un delito de apropiación indebida relacionado con el programa informático desarrollado en la cátedra extraordinaria que codirigió en la Complutense.
El relato de la acusación arranca en junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno. Desde ese momento, sostiene HazteOir, Begoña Gómez fue consciente de la capacidad de influencia que le otorgaban sus vínculos personales y los utilizó para favorecer intereses privados. Uno de los ejes centrales es la creación de esa cátedra extraordinaria. Según el escrito, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, fue recibido en Moncloa en julio de 2020 y poco después encargó al vicerrector que la creara. El convenio se firmó en octubre de ese mismo año, con la participación de Reale Seguros, que aportó 60.000 euros, y la Fundación La Caixa, con 15.000 euros anuales.
Otro bloque de la acusación se centra en las cartas de recomendación firmadas por Gómez en julio de 2020 en favor de una unión temporal de empresas formada por Innova Next y The Valley en procedimientos de licitación de Red.es. Esa UTE, vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, se adjudicó dos contratos que suman más de 12 millones de euros. Respecto al delito de apropiación indebida, la acusación sostiene que Gómez registró a su nombre la marca y el dominio web de la cátedra e impulsó la creación de una sociedad limitada de la que es única socia, ignorando que la titularidad del software desarrollado corresponde a la UCM en su totalidad. El perjuicio cuantificado, sumando las aportaciones de empresas como Google, Indra y Telefónica, asciende a 348.942 euros.
Para Cristina Álvarez, exdirectora de programas de Presidencia del Gobierno y amiga personal de Gómez, la acusación solicita 22 años de cárcel y sostiene que el cargo fue tramitado bajo la dirección de Félix Bolaños, y que los más de 401.000 euros de salario público cobrados entre 2018 y 2025 se destinaron en realidad a gestionar los intereses privados de la esposa del presidente. Para el empresario Juan Carlos Barrabés, la petición es de seis años. Junto a las penas, la acusación popular ha pedido medidas cautelares para los tres: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España sin autorización judicial y comparecencia apud acta los días 1 y 15 de cada mes, alegando riesgo de fuga. Y en el apartado de testigos, pide que Pedro Sánchez declare en el juicio, en cuanto a su relación con la acusada y al uso de Moncloa como ámbito relacional del proyecto.
