CC.OO. y UGT volvieron este lunes a sentarse con el Gobierno y la patronal para negociar cómo recortar el absentismo laboral en España, rompiendo un bloqueo de casi dos meses. La condición que los sindicatos habían puesto para volver a la mesa estaba vinculada a dos cuestiones previas que la Seguridad Social ha acabado desbloqueando: la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas, paralizada desde que la reforma de pensiones endureciera la contratación de los relevistas, y el mantenimiento del periodo transitorio fijado en la reforma de 2021 para calcular las cuantías de las jubilaciones anticipadas voluntarias.
Con ambas condiciones resueltas mediante un principio de acuerdo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los agentes sociales retomaron la mesa en la que se negocia la reforma de la incapacidad temporal. El coste del absentismo justifica la urgencia: el gasto supera los 16.000 millones anuales para el Estado y otros 15.000 millones para las empresas. La propuesta que el Ministerio puso sobre la mesa meses atrás, que incluía las altas progresivas, no convenció ni a los sindicatos ni a la patronal, por lo que la cartera de Elma Saiz anunció que remitirá próximamente una nueva propuesta.
Entre las medidas que se están estudiando figura la reorganización de los recursos de la Inspección Médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social para crear un equipo centralizado de valoración de incapacidades. Los sindicatos, no obstante, mostraron su rechazo a una de las ideas del Ejecutivo: ampliar las competencias de las mutuas para que puedan proponer incapacidades permanentes derivadas de contingencias comunes, al considerar que podría generar conflictos en la protección de los trabajadores.
CC.OO. aprovechó la reunión para exigir al Gobierno que apruebe sin más demora un Real Decreto-Ley que recoja todas las cuestiones que ya cuentan con acuerdo en la mesa, incluyendo la jubilación parcial de la Administración, la mejora de la pensión de viudedad de las parejas de hecho y las medidas sobre gestión de la incapacidad temporal que tienen respaldo suficiente. UGT, por su parte, añadió otra reivindicación: la regulación del coeficiente reductor de la edad de jubilación para el personal del sector aéreo, un beneficio del que ya disfrutan los pilotos pero no las tripulantes de cabina, que son mujeres en su mayoría.
Desbloqueada la negociación, queda por ver si el Gobierno logra la convalidación parlamentaria de las normas necesarias, algo que los sindicatos consideran imprescindible antes de dar por cerrado cualquier acuerdo sobre las bajas.
