Hay una escena que se repite en las democracias que se deterioran, como la nuestra. No hay un decreto que ordene callar a los jueces, aunque en ello estén trabajando. Ahora lo que hacen es el desgaste sistemático, la presión mediática organizada y el cuestionamiento institucional continuo del magistrado que se atreve a investigar donde otros miraban para otro lado.
Esa escena lleva dos años repitiéndose en España con el magistrado Juan Carlos Peinado García.
El auto del 11 de abril de 2026 -treinta y nueve páginas que clausuran la instrucción y abren el camino al juicio oral- es el punto de llegada de esa historia. Conviene leerlo sin anteojeras.
Lo que dice el auto, es que el juez acuerda la continuación del procedimiento por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Sobresee el intrusismo, que nunca tuvo dónde agarrarse. Cierra la instrucción sin más diligencias y concede cinco días para pronunciarse sobre la apertura del juicio oral.
Seré honesto, como es mi costumbre. El auto no es una obra maestra de técnica jurídica. La referencia a Fernando VII, la retórica sobre los regímenes absolutistas, los párrafos que suenan más a editorial de opinión que a resolución judicial: todo eso sobra. Un instructor instruye. No pontifica. Y ahí se le fue un poco la mano romanista.
Pero una cosa es la calidad literaria de una resolución y otra muy distinta su legitimidad procesal. Y la imputación relativa al software -donde la investigada registró a título personal una marca que incorpora el dominio del proyecto universitario cuatro días después de que la OTRI le enviara el contrato de cesión a favor de la UCM, para luego transferirse el dominio a su nombre en lugar de a la Universidad y constituir una sociedad mercantil con la misma denominación- es la parte más sólida del procedimiento. Puede haber una explicación inocente. Pero negarla con un gesto de indignación política no es una explicación: es un acto de fe del Sanchismo.
Aquí hay que ser precisos. Dicen en términos de defensa, que la extensión del tipo de tráfico de influencias mediante interpretación teleológica es cuestionable. Eso es muy legítimo. Es lo que hacen los letrados de las defensas en sus escritos. Es lo que debe hacerse en un Estado de Derecho. Ni más ni menos, es lo que yo también hago a veces.
Lo que ha ocurrido en este caso es algo cualitativamente distinto. Ha habido declaraciones de miembros del Gobierno de Sánchez cuestionando no resoluciones concretas sino la legitimidad del juez para instruir y eso es muy indecoroso, señorías. Ha habido campañas coordinadas en redes para difundir la idea de que Peinado es un instrumento político. Entonces del fiscal no hablemos, ¿verdad? Ha habido interpelaciones parlamentarias al Ejecutivo sobre procedimientos judiciales en trámite.
Eso tiene nombre y se llama presión sobre el órgano jurisdiccional. Y produce vergüenza ajena. Un Gobierno que presiona, insulta o deslegitima al juez que investiga a su entorno más cercano no está ejerciendo el derecho a la crítica. Está atacando uno de los fundamentos del sistema democrático.
Y el Consejo General del Poder Judicial, ausente, su silencio, su ausencia, su incapacidad para actuar como escudo institucional es elocuente, con ese silencio. Un órgano de gobierno del Poder Judicial que no defiende a sus jueces frente a las presiones del Ejecutivo no cumple su función constitucional. Es cómplice por omisión. Pero asi esta el sistema.
El auto del 11 de abril tiene defectos. Como todos. El procedimiento tiene incógnitas mayores que certezas. Aunque nada de esto convierte a nadie en culpable antes de la sentencia. Pero nada de esto, tampoco, convierte al magistrado Peinado en un perseguidor político por el mero hecho de haber instruido un procedimiento que incomoda al Sanchismo.
Aún quedan jueces en España capaces de llegar hasta el final contra el viento y marea Eso, con todos sus defectos y todas sus virtudes, merece algo más que el silencio cómplice de quienes tienen el deber constitucional de defenderlos. ¡Ahí!…ese Consejo General. No quedan muchos jueces valientes, no se si surgirán…porque meterse en estos fregaos. Tiene consecuencias…que se lo pregunten a la Juez Alaya. Y es por eso, por ese tercer poder, el Judicial, que aún queda esperanza en este Reino. Y sigan adelante, aunque muchas de vuestras resoluciones yo también las recurra. No siempre estáis en lo cierto.
