No es un nombramiento más. La Fiscalía Superior de Canarias es el vértice del Ministerio Público en el archipiélago: coordina, prioriza y decide qué causas pesan más. En abril de 2026 se afronta su relevo con dos aspirantes de perfil muy distinto. Beatriz Sánchez Carreras, fiscal jefa provincial de Las Palmas, representa la continuidad orgánica. Jaime Serrano-Jover González, fiscal delegado de Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, representa otra cosa: un perfil forjado en causas contra cargos públicos.
El Consejo Fiscal debería reunirse el 30 de abril para analizar ambas candidaturas. Es el paso previo a la propuesta final, que corresponde a la fiscal general del Estado. El órgano no vincula, pero sus votos marcan expectativas y llegan al acto formal.
Quien ocupe el puesto hereda una Fiscalía Superior con tensión en todos los frentes. En Tenerife, causas económicas y urbanísticas que no terminan de llegar a juicio. En Gran Canaria, expedientes abiertos sobre contratación pública y asuntos municipales que llevan años en instrucción. En todas las islas, una sobrecarga de juzgados que ha empujado al Gobierno central a aprobar 33 nuevas plazas de juez para Canarias en 2026, la mayor ampliación de la planta judicial en la historia del archipiélago, con 24 refuerzos en tribunales de instancia, 6 en audiencias provinciales y 3 en el propio TSJ de Santa Cruz.
Ese contexto —más plazas, más jueces, más instrucciones en marcha— es el que recibirá quien entre. Y de ahí la importancia del perfil elegido. Sánchez Carreras llega desde la Fiscalía Provincial de Las Palmas, con conocimiento directo del volumen ordinario: violencia de género, penal convencional, tráfico de drogas, menores. Serrano-Jover llega desde Anticorrupción en Tenerife, con un historial distinto: causas contra cargos públicos, corrupción urbanística y delitos societarios.
La elección tiene lectura política inevitable. No porque la Fiscalía sea una extensión del Gobierno —no lo es— sino porque el criterio de prioridad de una Fiscalía Superior condiciona cómo se persiguen los asuntos públicos en las islas. No es lo mismo priorizar causas contra el patrimonio individual que priorizar causas contra el patrimonio colectivo.
A esto se suma un dato que no conviene perder de vista: el Consejo Fiscal vota en un contexto estatal tenso, con cambios recientes en la Fiscalía General del Estado y decisiones en el aire sobre el estatuto fiscal. Cualquier nombramiento autonómico se lee también en ese marco.
Canarias estrenará Fiscalía Superior en cuestión de semanas. Toca seguir no solo el nombre, sino las primeras decisiones: a qué causas se les pone fecha, qué equipos se refuerzan y qué prioridades se fijan. Porque esas decisiones afectan a todos los que alguna vez se han preguntado por qué hay expedientes que duermen y otros corren. El 30 de abril empieza a aclararse.
