La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido la necesidad urgente de repensar y reforzar los mecanismos de protección a las víctimas de violencia de género. Durante su intervención previa a la Conferencia Sectorial de Igualdad, la ministra ha defendido que, aunque el sistema VioGén funciona y protege a miles de mujeres diariamente, las estadísticas del primer trimestre de 2026 evidencian grietas en la cadena de custodia que obligan a una revisión profunda de los protocolos actuales.
Los datos oficiales arrojan un balance alarmante en lo que va de año: 16 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Lo más preocupante para el departamento que dirige Redondo es que casi la mitad de las víctimas, concretamente siete de ellas, habían interpuesto una denuncia previa. Además, en seis de estos casos existían medidas de protección vigentes en el momento del crimen, lo que pone en entredicho la eficacia de las valoraciones de riesgo y el seguimiento de los agresores.
La ministra ha puesto el foco en la necesidad de engrasar la colaboración entre todos los actores implicados, desde las fuerzas de seguridad hasta la judicatura y la fiscalía. Redondo ha señalado que en situaciones críticas se debería haber optado por medidas más contundentes, como la prisión preventiva o la ampliación de las distancias en las órdenes de alejamiento, para evitar que el asesino pudiera aproximarse a la víctima. Según su análisis, el sistema debe ser capaz de detectar con mayor precisión cuándo un caso catalogado como de riesgo bajo o medio puede escalar hacia un desenlace fatal.
Como medida inmediata, Igualdad ha convocado un pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para analizar pormenorizadamente cada uno de los feminicidios registrados este año. Asimismo, se ha aprobado el reparto de 180 millones de euros entre las comunidades autónomas destinados específicamente a la lucha contra la violencia machista, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional y garantizar que ninguna mujer que dé el paso de denunciar quede desamparada por fallos administrativos o de valoración.
