El Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso una Proposición de Ley para habilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como coordinador de servicios digitales en España. La norma, que el Congreso ya ha admitido a trámite, otorga a la CNMC amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales, los medios de comunicación y las redes sociales.
La iniciativa es la traslación parlamentaria de un proyecto de ley que el Gobierno aprobó en julio de 2025 y que lleva meses paralizado en la Cámara. Ahora el PSOE lo retoma por la vía de una proposición propia, en parte para responder a la presión de Bruselas: la Comisión Europea llegó a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber dotado a la CNMC de los recursos y el estatus legal necesarios para aplicar el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, conocido como DSA por sus siglas en inglés.
Las competencias que se le asignan a la CNMC son muchas. Sus funcionarios podrán entrar en los locales, terrenos y medios de transporte de cualquier plataforma o buscador, examinar y copiar libros y documentos, exigir acceso a sistemas informáticos y algoritmos, precintar locales, y solicitar a cualquier empleado que ofrezca explicaciones sobre posibles infracciones. Los jueces podrán además ordenar a las plataformas la retirada de contenidos ilegales, y será la CNMC la encargada de transmitir esas órdenes al resto de coordinadores europeos. También se contempla la posibilidad de suspender temporalmente la actividad de un servicio si existe riesgo grave de incumplimiento.
Para la gestión de estas nuevas funciones, la estructura de la CNMC se amplía con dos nuevas direcciones: la de Servicios Digitales y la de Medios de Comunicación. Además, se crea un registro estatal público de medios de comunicación, dependiente de la CNMC, en el que todos los medios de ámbito estatal deberán inscribirse y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad, los ingresos por publicidad institucional y los fondos recibidos de entidades públicas extranjeras. El incumplimiento de estas obligaciones estará tipificado como infracción, con sanciones que podrán llegar hasta el 6% del volumen de negocio anual para las infracciones más graves.
El régimen sancionador contempla además la posibilidad de ordenar el cierre temporal de un servicio. El Gobierno encuadra la medida dentro de su Plan de Acción por la Democracia, puesto en marcha por Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, y que incluye también la limitación de la publicidad institucional y la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Para que la proposición avance en el trámite parlamentario, el Gobierno necesitará una mayoría simple en la toma en consideración, lo que previsiblemente requerirá el apoyo de Junts.
