Hay una pregunta que no suele hacerse en los plenos del Cabildo, ni en las ruedas de prensa del Gobierno de Canarias, ni en los programas de televisión que debaten el futuro del archipiélago. La pregunta es simple: ¿de qué comemos?
La respuesta también es simple, aunque incómoda. Comemos de lo que trae el barco.
Más del 90% de los alimentos que se consumen en Canarias proceden del exterior. No es una estimación pesimista ni un dato de ecologistas alarmistas. Es la cifra que manejan el propio sector primario canario, los estudios sobre soberanía alimentaria y los documentos técnicos del Gobierno regional. El archipiélago apostó durante décadas por el turismo, dejó caer el campo, y hoy depende de una cadena de suministro que empieza en puertos y fábricas de medio mundo y termina en el lineal del supermercado.
Esa cadena, ahora mismo, tiene problemas serios.
Un modelo que nunca fue sostenible
El sector primario representa el 1,77% del PIB de Canarias. Solo el 10% de la superficie del archipiélago está cultivada. La ganadería, que durante siglos fue parte estructural de la economía isleña, se redujo drásticamente con el auge de la construcción turística y la llegada de productos importados más baratos. Desde que Canarias se integró en la Unión Europea, el autoabastecimiento de carne, leche y hortalizas ha caído en todos los casos más de un 10%. En el caso de la leche, el desplome roza el 30%.
No es que las islas no puedan producir. Es que el modelo económico lleva décadas desincentivando que lo hagan.
Las ayudas agroalimentarias en Canarias funcionan con una lógica perversa: financian más la importación que la producción local. En Gran Canaria, el 32% de los fondos van al Régimen Específico de Abastecimiento, el mecanismo que abarata traer comida de fuera, frente al 26% que va a apoyar lo que se produce aquí. El mensaje que manda el sistema es claro: importar sale más a cuenta. Y así llevamos décadas.
La nueva Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria lleva meses advirtiendo de esto con una frase que debería estar colgada en cada consejería del Gobierno: si Canarias no cambia de mentalidad sobre el sector primario, el día que fallen los barcos, el problema será mayúsculo. Nadie los escucha con la urgencia que merecen.
El detonador que nadie esperaba
Esta semana ha salido a la luz un documento de análisis interno del Gobierno de España que cambia la conversación. Las cosechas mundiales de 2026 están en riesgo real por la guerra en Irán.
El mecanismo es el siguiente: por el estrecho de Ormuz transitaba aproximadamente un tercio del comercio global de fertilizantes. Desde el inicio de los bombardeos contra Irán el pasado 28 de febrero, ese tráfico se ha derrumbado. Catar, principal exportador mundial de urea —el fertilizante sintético nitrogenado más utilizado en la agricultura convencional— no puede sacar su producto al mercado. El precio de la urea ha subido un 47% en tres semanas. Podría duplicarse.
La FAO lo confirma: los precios globales de los fertilizantes podrían estar entre un 15% y un 20% más altos en la primera mitad de 2026. El economista jefe del organismo lo ha dicho sin rodeos: no es solo un shock energético, es un shock sistémico que afecta los sistemas agroalimentarios.
La consecuencia directa es que lo que no se fertilice esta primavera en el hemisferio norte, se pierde. No hay recuperación posible. El efecto en producción global empezará a verse en las estadísticas a partir de agosto. Para entonces, las estanterías de medio mundo ya habrán notado el golpe.
Para Canarias, el barco es todo
En la Península, una crisis de producción agrícola tiene amortiguadores. El campo español es diverso, hay producción de proximidad, hay infraestructura de distribución que puede reorganizarse. En Canarias, no. Aquí el barco es la única palanca. Si la cadena global falla —precios disparados, escasez de materias primas, perturbaciones en el transporte marítimo— el efecto llega al consumidor canario antes que a ningún otro.
No es catastrofismo. Es geografía.
Y mientras esto ocurre, el debate institucional en las islas está girando en torno a si el IGIC baja en cinco productos o en seis. El Gobierno de Canarias lleva meses prometiendo una rebaja fiscal que afecte a la cesta de la compra y lo que ha terminado anunciando es que afectará a cinco alimentos concretos. En el contexto de una crisis de suministro global que se está desarrollando ahora mismo, eso es poco más que un gesto cosmético.
El Plan de Soberanía Alimentaria, elaborado desde hace años y que el propio Gobierno reconoce como urgente, sigue siendo un documento con buenas intenciones y escasa ejecución. Canarias tiene tierra. Tiene agricultores. Tiene caladeros. Lo que le falta no es capacidad: es la decisión política de tratar el sector primario como lo que es, infraestructura estratégica, y no como una postal de turismo rural.
Qué puede hacer la ciudadanía mientras tanto
La dependencia estructural de Canarias no se resuelve en semanas. Pero hay cosas concretas que cada familia puede hacer para estar en mejor posición si la cadena de suministro sufre una perturbación.
La primera es tener una reserva básica en casa para al menos dos semanas. No hace falta ningún esfuerzo extraordinario: gofio, arroz, pasta, legumbres secas, conservas de pescado y verdura, aceite, sal, agua embotellada. Productos baratos, de larga caducidad, que en un escenario de desabastecimiento parcial marcan una diferencia real.
La segunda es comprar local siempre que sea posible. La papa canaria, el queso, el plátano, el tomate de las islas. Lo que se produce aquí no depende del barco. Cada euro que va a un productor local es un euro que fortalece la única red de abastecimiento que no necesita cruzar el Atlántico.
La tercera, la más importante, es exigir a las instituciones que dejen de hablar de soberanía alimentaria y empiecen a ejecutarla. Que el dinero que hoy financia la importación empiece a financiar la producción. Que el agricultor canario deje de ser un problema de política rural y pase a ser un actor estratégico de la economía del archipiélago.
Lo que nadie quiere decir en voz alta
La situación actual no es un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones conscientes: apostar por el turismo, dejar caer el campo, abaratar la importación, y confiar en que la cadena global de suministro siempre funcionaría. Esa cadena ha demostrado en los últimos años que puede fallar. Lo demostró con el COVID. Lo demostró con el bloqueo del Canal de Suez. Lo está demostrando ahora mismo con el estrecho de Ormuz.
Canarias no puede producir todo lo que consume. Nadie lo pretende. Pero la diferencia entre depender al 90% del exterior y depender al 70% es enorme cuando el sistema global tiembla. Esa diferencia la da el campo, la ganadería, la pesca. Actividades que hoy están en los márgenes de la economía canaria y que deberían estar en su centro.
El barco llegará mañana. Probablemente también pasado. Pero mientras el modelo no cambie, la pregunta que nadie hace en los plenos seguirá siendo la más importante de todas.
¿De qué comemos?
