Me pregunta mi amigo Genaro que a su abuela le han ofrecido comprar la casa y que si lo hace no paga impuestos. Tiene 82 años. Su abuela. La casa mas de 200. Ahora van a por los jubilados. Y es que en esta España, con la vivienda ocurre una cosa curiosa y es que el problema se conoce, la solución, también. Pero falta valor. Como la canción de Radio Futura.
Lo cierto es que, con sueldos miserables, reventados a impuestos, la mayoría de los ciudadanos solo puede hacer una cosa: mirar escaparates de inmobiliarias como en la película El Pisito del año 1959. Se observa, se suspira y se sigue paseando. Se mira pero no se toca.
El problema de la vivienda lo padece el joven que trabaja y no puede emanciparse. Lo padece la pareja que descubre que ni siquiera con dos nóminas consigue pasar el filtro de la realidad. Lo conoce el autónomo que factura, paga, resiste y, aun así, no logra acceder a una hipoteca sin pasar antes por una humillación bancaria con aire de interrogatorio inquisitorial. Lo conoce el pequeño propietario al que han convertido el alquiler en una mezcla de deporte de riesgo, ruleta rusa y castigo moral. Lo conocen alcaldes, cabildos, diputaciones, gobiernos autonómicos y, por supuesto, también el Gobierno de Sánchez. Y lo conocen esos analistas de saldo que cada pocos meses se presentan como si acabaran de descubrir el vellocino de oro.
Pero el deterioro no se ha conformado con expulsar del mercado a jóvenes, familias y clases medias. Ahora también han encontrado en los jubilados otra solución de emergencia. España ha conseguido el prodigio de convertir la vivienda en refugio, inversión, herencia… y ahora también en respirador financiero para la vejez. Cuando un pensionista tiene que estudiar cómo trocear jurídicamente su casa para poder vivir con dignidad, el problema no es la inventiva del mercado. El problema es que el Estado presume de escudo social mientras muchos mayores tienen que comerse, en vida, el ladrillo que levantaron reventándose a trabajar.
Cuando un país obliga a sus mayores a mirar su propia vivienda como una reserva de oxígeno para sobrevivir, estamos ante un retroceso brutal y un enorme fracaso político. Y es que hay más obstáculos que viviendas accesibles, más ideología que ladrillos, más propaganda que oferta real y más cobardía política que voluntad de resolver nada. Y entonces llega la segunda pregunta: ¿sabemos la solución?
La vivienda no se abarata por decreto. No baja de precio en rueda de prensa. No se vuelve accesible demonizando al propietario ni tratando cada promoción privada como si fuera una trama criminal queridos iluminados del gobierno. La vivienda empieza a dejar de asfixiar cuando se facilita la oferta, se agiliza la burocracia urbanística, se garantiza seguridad jurídica, se reduce la carga fiscal asociada al acceso a la propiedad y se dejan de poner minas normativas a todo lo que implique construir, rehabilitar o sacar vivienda al mercado.
Pero España lleva años intentando resolver el problema de la vivienda como si un pirómano quisiera apagar un incendio con un bidón de gasolina. Más regulación, más intervencionismo, más amenaza, más intervencionismo político.
Nos contaron que el problema es el mercado. Intervienen el mercado y lo empeoran. Nos contaron que el problema es el casero. Lo castigan, retraen la oferta y suben los alquileres. Nos dicen que el problema es la falta de derechos. Proclaman más derechos, pero no aparece ni una sola llave nueva. Nos dicen que el problema son los pisos turísticos, los fondos, los extranjeros, las herencias, la codicia, Mercurio retrógrado o la mala alineación de Saturno. Todo vale con tal de no pronunciar la frase prohibida: sin más oferta, sin menos trabas y sin menor coste de acceso, sin menor intervencionismo, no hay solución.
Entonces…¿hay algún valiente para ponerla en marcha? Ahí se acaba la fiesta.
Porque una cosa es diagnosticar. Otra, mucho más comprometida, es aplicar el tratamiento. Y para arreglar de verdad el problema de la vivienda hay que incomodar a los que te dejan el sillón donde te sientas, Sánchez. Hay que adelgazar procedimientos, revisar inercias urbanísticas, recortar tiempos administrativos, asumir que donde vive más población habrá que construir más y mejor, dar seguridad al propietario sin abandonar al vulnerable, repensar la fiscalidad y dejar de tratar al contribuyente medio como una vaca lechera.
Y eso, en política, exige valor. Justo la mercancía que más escasea cuando el coste electoral acecha. ¿verdad?
Hace falta valor para decir la verdad. Valor para admitir que prohibir no siempre arregla nada . Valor para reconocer que un país no puede hablar solemnemente del derecho a la vivienda mientras expulsa de la compra a la clase media a fuerza de salarios mediocres, impuestos salvajes y precios delirantes.
Pero para la propaganda sí hay coraje. Para eso nunca falta presupuesto, ni portavoz, ni campaña, ni eslogan. Se anuncian planes de vivienda como antes se anunciaban las lluvias, con pegatinas en un corcho. Hablan de avales, bonos, ayudas, límites, observatorios, pactos, mesas, documentos estratégicos y boberías.
Mientras tanto, el pueblo – como a mi me gusta llamarlo- escucha hablar del “derecho a una vivienda digna” , intentando averiguar si puede pagar la entrada, la notaría, los impuestos, la reforma, la hipoteca y el lujo de seguir comiendo tres veces al día.
Y entonces aparece la pregunta que arruina cualquier discurso oficial: ¿con sueldos míseros y reventados a impuestos se puede comprar?
Y es que en España se trabaja mucho para seguir sintiéndose pobre. Se cobra poco para lo que cuestan las cosas. Se tributa mucho para lo que se recibe. Y encima te cuentan los gurús de las redes que con disciplina, sacrificio y ahorro, todo termina llegando. ¿Llegando a quién? ¿A qué edad? ¿Después de cuántos años de alquiler, de precariedad o de dependencia familiar? ¿Y en qué condiciones? Quien hoy logra comprar no suele hacerlo porque el sistema funcione, sino porque ha tenido una combinación de factores que ya no está al alcance del ciudadano medio: ayuda familiar, ahorro acumulado en otra época, herencia, patrimonio previo o una estabilidad laboral, llámense funcionarios o aspirantes a estabilizarse en puestos públicos.
Por eso la vivienda se ha convertido en otro teatro nacional. Todos dicen querer resolverlo, pero nadie quiere desmontar el decorado. Todos invocan el derecho, pero muy pocos aceptan las reformas que permitirían ejercerlo. Todos juran querer ciudades habitables, pero sin pagar el precio político de hacerlas viables.
Estamos ante una suma de decisiones cobardes, intereses cruzados y discursos huecos. Otra vez.
