El pleno de la Knéset aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de asesinato terrorista. El texto salió adelante con 62 votos a favor y 48 en contra. Netanyahu asistió a la votación y votó a favor. Israel no ejecutaba a nadie por un delito civil desde 1954, cuando abolió la pena capital. El único ejecutado tras un juicio fue Adolf Eichmann, responsable del Holocausto.
La norma crea un trato diferente según quién sea el acusado. Los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, juzgados por tribunales militares, recibirán la pena de muerte como condena por defecto. Solo si el tribunal aprecia razones especiales podrá sustituirla por cadena perpetua, y ya no hará falta la unanimidad de los jueces, bastará una mayoría simple. Para los ciudadanos israelíes juzgados en tribunales civiles, en cambio, la pena de muerte es una opción, no una obligación, y se exigen más condiciones para aplicarla. Los más de medio millón de colonos israelíes en Cisjordania quedan bajo la jurisdicción civil, no la militar.
La ley fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, cuyo partido Poder Judío llevaba la propuesta en su programa electoral. Ben Gvir lució durante la campaña un pin con forma de soga dorada en la solapa y, tras la aprobación definitiva, declaró que con la ayuda de Dios implementarán plenamente la ley y matarán a sus enemigos.
Los críticos señalan varios problemas de fondo. La definición de terrorismo en la ley es vaga y excesivamente amplia, hasta el punto de que podría aplicarse a homicidios involuntarios si se producen en el marco de lo que las autoridades israelíes clasifiquen como acto terrorista.La organización israelí B’Tselem recuerda que los tribunales militares tienen una tasa de condena cercana al 96%, basada en gran medida en confesiones obtenidas bajo presión o tortura, y que al menos 94 palestinos murieron bajo custodia israelí desde el inicio de la guerra hasta agosto de 2025.
La ejecución se llevará a cabo por ahorcamiento en un plazo de 90 días desde la sentencia firme, sin posibilidad de indulto. El Servicio Penitenciario israelí será el encargado de ejecutarla, ocultando la identidad de los funcionarios que la realicen.
La Unión Europea calificó la norma de profundamente preocupante. Alemania, Francia, Italia y Reino Unido pidieron que se rechazara por su carácter discriminatorio. Amnistía Internacional advirtió de que toda condena a muerte dictada por un tribunal militar constituiría un crimen de guerra. Varias organizaciones israelíes de derechos humanos han anunciado que recurrirán la ley ante el Tribunal Supremo de Israel, que podría anularla si la considera inconstitucional.
