Nicolás Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, llevan cerca de tres meses recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero. Este jueves comparecieron por segunda vez ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en una audiencia que despejó la principal incógnita jurídica del proceso: el caso sigue adelante.
«No voy a desestimar el caso», afirmó con contundencia el juez Alvin Hellerstein, de 92 años. La decisión, que aún debe formalizarse por escrito, cierra el camino a la principal estrategia de la defensa. Los abogados del exmandatario habían solicitado el archivo del proceso en febrero, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) les negara la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno venezolano. Menos de tres horas después de que el abogado Barry Pollack solicitara ese permiso, la agencia emitió una licencia enmendada que bloqueaba la transacción.
El argumento de la defensa era que esa maniobra vulneraba el derecho constitucional de los acusados a elegir su propio abogado y a tener una defensa adecuada, lo que a su juicio debía acarrear el sobreseimiento. Hellerstein no lo vio así, aunque dejó una rendija abierta. El magistrado cuestionó la solidez del argumento gubernamental en un contexto de cierto deshielo diplomático entre Washington y Caracas, señaló que el derecho a la defensa es «primordial» y sugirió que la licencia pudo haber sido «retenida de forma arbitraria». No fijó plazos para su decisión definitiva y dejó abierta la posibilidad de que la defensa vuelva a pedir el archivo si el Tesoro no rectifica.
El fiscal adjunto Kyle Wirshba alegó que el Gobierno debería poder utilizar las sanciones para influir en la política exterior y la seguridad nacional, y que permitir a los acusados acceder a esos fondos socavaría las sanciones impuestas por Estados Unidos. El juez le cortó ese razonamiento de forma significativa. Hellerstein respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional, y añadió que «las cosas han cambiado en Venezuela» y que Estados Unidos «hace negocios» con el país.
Los cargos que pesan sobre el matrimonio son de enorme gravedad. Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores enfrenta cargos paralelos: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas. La acusación sostiene que desde la Asamblea Nacional hasta la presidencia, Maduro habría usado cada cargo para proteger cargamentos de droga, enriquecer a su círculo y empoderar a grupos armados aliados.
La vista también tuvo un componente personal. El abogado de Flores comunicó al juez que su representada padece una afección en la válvula mitral y necesita con urgencia un electrocardiograma, a lo que Hellerstein respondió que iniciara el proceso para que se realizara el examen. Maduro, que entró a la sala sonriendo y saludando a su equipo legal, apareció visiblemente más delgado y serio que en enero.
Hellerstein se encargaría del juicio si este llega a celebrarse con jurado, algo que podría ocurrir dentro de un año o más. Fuera del tribunal, decenas de venezolanos en el exilio se congregaron desde la noche anterior para hacerse con un lugar en la sala, en una escena que repitió la expectación de la primera audiencia.
