El pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde al decreto ley de medidas anticrisis para hacer frente a la repercusión económica derivada de la guerra en Irán. El texto fue aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros Extraordinario y tenía un margen de 30 días para su convalidación en la Cámara. Está valorado en 5.000 millones de euros.
El decreto fue convalidado con 175 votos a favor, 33 en contra y 141 abstenciones. Respaldaron la norma el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts, BNG, CC, UPN y la diputada de Compromís Águeda Micó. Solo Vox votó en contra. Se abstuvieron el PP y Podemos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fue el encargado de defender la norma desde la tribuna. Resumió el decreto en dos palabras: proteger y preparar. Responder a la urgencia inmediata para hogares y empresas y preparar al país ante futuros choques reforzando la apuesta por la soberanía energética.
El precio de la alianza con Junts quedó claro antes de la votación. El PSOE ató los votos de los posconvergentes asumiendo la transposición de la directiva europea 2020/285 para rebajar impuestos a los trabajadores y pequeñas empresas, y eximiendo del pago del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, una acción a la que el Gobierno se venía resistiendo desde hace meses. Junts defendió su apoyo argumentando que la columna vertebral del decreto son sus propias propuestas para ayudar a la clase media y trabajadora.
La abstención del PP fue la nota más llamativa de la jornada. El portavoz económico popular, Juan Bravo, la justificó reconociendo que el decreto es insuficiente y llega tarde, y reclamó la deflactación del IRPF para que las familias no pierdan poder adquisitivo. También criticó que la mitad de las rebajas impositivas del texto las sufraguen las comunidades autónomas. El PP anunció su abstención ante la evidencia de que el decreto pasaría el trámite parlamentario sin importar su decisión.
El paquete tiene un alcance amplio. Se reducen en un 60% los impuestos de la electricidad: el IVA baja del 21% al 10%, el impuesto especial de la electricidad pasa del 5,11% al 0,5%, y se suspende temporalmente el impuesto del 7% a la producción de energía eléctrica. También se reduce al 10% el IVA del gas natural, los pellets y la leña, y el del combustible para vehículos, lo que se traduce en una reducción de unos 30 céntimos por litro. Además, se prolonga durante 2026 la mejora del bono social eléctrico, se refuerza el bono social térmico, se prohíbe cortar suministros esenciales a hogares vulnerables y se bonifica en un 80% los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
Las tensiones dentro del bloque de investidura fueron visibles durante todo el debate. Desde Sumar y otras fuerzas de izquierda se instó a presionar a las derechas, mientras que Bildu y ERC consideraron las medidas insuficientes o regresivas, aunque votaron a favor por otras razones como el bono social eléctrico. Gabriel Rufián calificó el decreto de rácano, aunque lo avaló, y llamó a presionar a Junts para que no bloquee el segundo decreto sobre vivienda y alquileres.
Quedan pendientes los próximos escollos. El decreto se tramitará como proyecto de ley. Y el segundo decreto, el que incluye la congelación de alquileres, afronta una batalla parlamentaria más complicada, con Junts ya anunciando que no lo apoyará.
