El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha cerrado definitivamente la vía judicial en Estrasburgo para los líderes independentistas catalanes Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez. El tribunal ha rechazado este lunes la solicitud de revisión de la sentencia dictada en noviembre de 2025, que avalaba la actuación de la justicia española respecto a la prisión preventiva impuesta durante la instrucción de la causa del procés.
Con esta decisión, la Corte europea dota de firmeza absoluta a su fallo anterior, en el que concluyó por unanimidad que el Tribunal Supremo no vulneró los derechos políticos ni la libertad de expresión de los demandantes. Los magistrados de Estrasburgo han vuelto a desestimar que la medida cautelar de prisión provisional tuviera un trasfondo político o que buscara silenciar a los dirigentes independentistas. Por el contrario, el tribunal considera que las decisiones del juez Pablo Llarena estuvieron justificadas y fueron proporcionadas para proteger el orden constitucional y prevenir la reiteración delictiva en un contexto de extrema gravedad institucional.
El rechazo a la revisión supone un espaldarazo definitivo a la arquitectura jurídica del Estado español en este conflicto. El TEDH ha subrayado que la legalidad de la detención fue objeto de un examen exhaustivo y que las restricciones impuestas al ejercicio del mandato parlamentario de los recurrentes se ajustaron a los límites marcados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La sentencia original ya destacaba que el ingreso en prisión no impidió que los mensajes de los partidos independentistas llegaran a la ciudadanía, ya que otros miembros de sus listas pudieron participar con normalidad en la campaña electoral de diciembre de 2017.
La resolución de este lunes agota el recorrido de los recursos presentados por Junqueras, Turull y Sànchez ante esta instancia internacional, consolidando la validez de las actuaciones judiciales españolas. El fallo incide en que no se han aportado elementos nuevos o argumentos de peso que justifiquen una reevaluación por parte de la Gran Sala del tribunal. De este modo, la justicia europea ratifica que la respuesta de las instituciones españolas frente al desafío independentista de 2017 fue compatible con los estándares democráticos y de protección de los derechos fundamentales.
