Hay anuncios de políticos que parecen una victoria hasta que uno los somete al siempre impertinente examen de la realidad y al sentido común. Entonces el colorín se desinfla, y lo que te venden como un avance un logro descomunal de aquel o el otro partido político termina revelándose como lo que es desde el principio: un parche, una limosna, humo para que te despistes y aplaudas, una manera de aflojarte las cadenas para que te creas libre.
Eso es exactamente lo que opino sobre esa medida anunciada por el Gobierno de Canarias respecto de los autónomos que no superen los 50.000 euros de facturación anual. Te lo presentan como un alivio relevante, por sensibilidad política hacia cierto colectivo de Autónomos. Y sin embargo, a poco que rasques descubras enseguida que no estamos ante una transformación, pues el marco sigue siendo el mismo lo que estamos delante es de otra ayudita, otra migaja administrativa, otro gesto limitado dentro de un sistema que sigue siendo deliberadamente hostil a quien produce, arriesga y crea actividad económica.
No niego que la medida pueda resultar beneficiosa para determinados autónomos. Sería absurdo no verlo. Lo que niego es su pretendida grandeza. No estamos ante una reforma histórica. Estamos ante una indulgencia menor dentro de un sistema mayor que sigue tratando al productor como fuente de recaudación, objeto de control y sujeto siempre disponible para el sacrificio fiscal.
El problema del autónomo en España no se reduce a una concreta obligación indirecta -como esa medida- ni a una determinada exención puntual. El problema verdadero es estructural. El autónomo no trabaja en un entorno pensado para facilitar la iniciativa privada, sino en un ecosistema saturado de cargas fijas, deberes formales, incertidumbre normativa, burocracia, presión fiscal y sospecha permanente – por ser trabajador, claro- A esos que producen se les llaman motor de la economía, pero se les tratan como si fuera un contribuyente cautivo al que conviene vigilar, exprimir y disciplinar, hasga que reviente o cierre. Basta con mirar a vuestro alrededor, para ver cuantas rejas se han bajado definitivamente.
Por eso esta medida, -aunque pueda aliviar algo a algunos-, no resuelve lo sustancial. Apenas reduce de forma parcial una de las muchas piedras que el propio sistema ha ido colocando sobre la espalda del pequeño empresario, del profesional, del comerciante, del trabajador por cuenta propia que cada día abre su actividad sabiendo que, antes incluso de ganar, ya está obligado a cumplir, justificar, declarar y soportar. Pase lo que pase.
Lo que me inquietó y -me inquieta- es la lógica política que hay detrás. Hemos llegado a un punto en el que cualquier mínima rebaja, cualquier alivio parcial, cualquier flexibilidad limitada, se presenta con solemnidad de acontecimiento histórico. Como si el político hubiera tenido un repentino acceso de generosidad. Como si el César hubiese decidido aliviar los tributos de una provincia exhausta y mereciera por ello gratitud pública. Pero no; no nos engañen por favor, si saben y conocen -Uds. los políticos- que existe una administración que primero complica, grava y condiciona, y después pretendéis reconocimiento porque aflojáis una tuerca del mismo mecanismo que habéis construido para asfixiar al tejido productivo.
Roma, al menos, tenía la franqueza del tributo. El ciudadano sabía quién mandaba, quién cobraba y de qué lado estaba el poder. Nosotros hemos perfeccionado el método. Hoy no se asfixia de manera frontal, sino con una cortesía regulatoria, a modo de roedor, que no te das cuenta hasta que tienes el agujero. Primero se invade la actividad económica con capas sucesivas de intervención, control y carga; después se concede una dispensa parcial y se organiza la correspondiente liturgia política para celebrar la benevolencia del recaudador.
Se os queda la cara al descubierto, es que ya no es solo cobrar, sino ordenar la vida económica de tal forma que quien produce quede siempre dentro de un perímetro de dependencia, vigilancia y agotamiento. Sabemos y cada vez mas, que el autónomo libre incomoda porque no encaja bien en el modelo del ciudadano administrado. Tiene clientes, toma decisiones, asume riesgos, organiza su actividad y reduce su dependencia directa del aparato público. En una política actual que cada vez más inclinada a gestionar usuarios antes que a respetar productores. Queréis siervos, dependientes del Estado.
Con esta medida de gracia, no se desmonta el problema, no se reforma el modelo, se maquilla. No se libera al autónomo; se le permite respirar un poco menos mal. Pero sigue intacta la filosofía de fondo: quien trabaja por cuenta propia debe seguir soportando un marco en el que producir parece una actividad tolerada, pero ojo, que lo mismo no.
Y aunque el artículo 38 de la Constitución – siempre me gusta mencionarla- reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, debería obligar a los poderes públicos a configurar un entorno razonable, estable y proporcionado para el ejercicio de la actividad económica, pero de eso también pasan. Pues cuando la acumulación de cargas fiscales, formales y administrativas convierte la iniciativa privada en un itinerario de resistencia, la libertad de empresa corre el riesgo de quedar reducida a un simple enunciado, como otras cosas, ¿verdad?. Lo cierto es que el pequeño autónomo soporta una presión material y burocrática que excede de su verdadera capacidad económica, el tributo deja de ser instrumento de solidaridad para convertirse en herramienta de sometimiento. Y si, estamos sometidos.
En Canarias, además, el problema adquiere un relieve aún más evidente. La insularidad, la fragmentación territorial, los sobrecostes, las dificultades logísticas y la estrechez de determinados mercados exigirían una política mucho más valiente en favor del pequeño productor. Haría falta descompresión fiscal real, simplificación administrativa seria y una voluntad decidida de proteger a quien sostiene una actividad económica en un territorio especialmente condicionado. Pero en lugar de eso se vuelve a optar por la medida vistosa, fácil de vender, útil para el titular y la venta en redes y escenarios similares. Pero no se vende en la realidad del día a día de un autónomo.
Por eso yo opino que no basta con administrar pequeñas clemencias dentro de una estructura que se ha vuelto profundamente opresiva. No basta con repartir pan fiscal en pequeñas dosis mientras permanece intacto el circo regulatorio. Igual que en la decadencia de Roma no se resolvían los males del Imperio entreteniendo a la plebe, aquí tampoco se corrige la asfixia del autónomo con una rueda de prensa y una dispensa parcial. El problema sigue siendo el mismo: se castiga al que trabaja, se dificulta al que produce y luego se le exige agradecimiento porque el poder le permite hundirse un poco más despacio.
Y eso no es una reforma. Eso es, simplemente, limosna.
