El Gobierno ha anunciado que este viernes aprobará un paquete de medidas fiscales destinado a amortiguar el impacto económico derivado de la guerra en Oriente Próximo. El Ejecutivo, que ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para dar luz verde al plan, busca implementar una respuesta que combine reformas estructurales con acciones coyunturales de efecto inmediato, aunque por el momento se ha evitado desglosar el detalle técnico de las ayudas.
La prioridad del gabinete económico se centra en contener la escalada de los precios energéticos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que la intervención se focalizará principalmente en el mercado de los combustibles, identificados como el principal factor de riesgo para la inflación. El temor del Gobierno es que el encarecimiento del petróleo actúe como una correa de transmisión que termine elevando el coste de los alimentos y de otros bienes básicos, agravando la situación de los hogares y las empresas.
A pesar de la urgencia, el Ejecutivo ya ha descartado recuperar fórmulas del pasado, como la bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de carburante que se aplicó tras la invasión de Ucrania. La estrategia actual apuesta por medidas más selectivas y quirúrgicas que protejan a los sectores más vulnerables y a los profesionales más dependientes del transporte y el sector primario. Asimismo, el plan incluirá mecanismos para evitar que el incremento de los costes energéticos se traduzca en un ensanchamiento de los márgenes de beneficio de las grandes compañías del sector.
Con esta hoja de ruta, Moncloa pretende levantar un escudo social y económico que fortalezca la resiliencia del país ante un escenario geopolítico incierto. La aprobación de este paquete el viernes marcará el inicio de una fase de intervención activa en los mercados para garantizar que la crisis en Oriente Próximo no descarrile la recuperación económica ni provoque un retroceso en el poder adquisitivo de los ciudadanos.
