A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo condena la ofensiva de Israel sobre zonas densamente pobladas de la capital y el sur del país, donde el número de víctimas civiles no deja de aumentar. El Ministerio de Asuntos Exteriores califica de injustificada y contraria al derecho internacional la orden del ejército israelí de evacuar a la población civil al sur del río Zahrani, una medida que considera desproporcionada.
La postura oficial también señala directamente la responsabilidad de Hizbulá. El Ejecutivo condena los ataques indiscriminados de la milicia contra territorio israelí, advirtiendo de que estas acciones alimentan una espiral de sufrimiento que el Gobierno libanés no puede contener por sí solo. España respalda los intentos de las autoridades de Beirut por recuperar el control exclusivo de la fuerza y exige que se respete la integridad territorial de un Estado soberano que se encuentra al borde de la catástrofe humanitaria.
Como respuesta inmediata a la emergencia, se ha aprobado una partida de 9 millones de euros en ayuda financiera. Este dinero se destinará a mitigar las carencias de la población libanesa y a gestionar la crisis de refugiados que golpea la región. La ayuda busca paliar los efectos de los bombardeos y el desabastecimiento en un escenario donde las infraestructuras básicas están siendo golpeadas de forma constante por la actividad bélica.
La diplomacia española reitera su apoyo a la Resolución 1701 de Naciones Unidas y reclama seguridad absoluta para los cascos azules de la FINUL. El Gobierno demanda a todas las partes implicadas que protejan al contingente internacional y detengan de inmediato las acciones militares. La resolución del conflicto, según la posición defendida por Madrid, pasa obligatoriamente por el cese de las hostilidades y el cumplimiento estricto de la legalidad internacional para evitar que el país vecino colapse definitivamente.
