Canarias arrastra desde hace años una de las mayores tasas de pobreza infantil de España. Los datos más recientes confirman que el problema no solo persiste, sino que amenaza con convertirse en una realidad estructural que afecta a miles de niños y condiciona su futuro educativo, social y laboral.
Según estimaciones de organizaciones sociales que trabajan en el archipiélago, más de 700.000 personas en Canarias se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que equivale aproximadamente a uno de cada tres habitantes. Dentro de ese escenario, la situación de los menores aparece como uno de los indicadores más preocupantes.
Diversos informes coinciden en señalar que la tasa de pobreza infantil en Canarias se sitúa entre las más altas del país y, si el Archipiélago fuese considerado un Estado independiente dentro de Europa, estaría entre los territorios con peores cifras del continente en este indicador.
Esto significa que decenas de miles de niños crecen en hogares donde los ingresos no permiten cubrir con normalidad gastos básicos como alimentación adecuada, material escolar o actividades educativas complementarias.
Efectos negativos
El impacto de esta situación va mucho más allá de las dificultades económicas inmediatas. La pobreza durante la infancia suele tener efectos duraderos en el desarrollo educativo y social. Estudios académicos y organismos internacionales han vinculado este fenómeno con mayores tasas de abandono escolar, menor acceso a actividades culturales o deportivas y, a largo plazo, peores oportunidades laborales.
En términos prácticos, esto se traduce en una desigualdad de partida que condiciona la trayectoria vital de muchos menores desde edades muy tempranas. La falta de recursos en el entorno familiar puede limitar el acceso a clases de refuerzo, idiomas, actividades extraescolares o incluso a un entorno adecuado para estudiar.
Las ayudas públicas desempeñan, en este contexto, un papel clave para contener el problema. Programas como la renta canaria de ciudadanía o distintas prestaciones sociales han permitido que unas 359.000 personas eviten caer en situaciones de pobreza más severa, según estimaciones realizadas por organizaciones del tercer sector.
Sin embargo, el debate sobre el modelo de ayudas también está abierto. Algunos expertos señalan que el análisis no debería centrarse únicamente en cuántas personas reciben prestaciones, sino en cuántas logran salir del sistema de vulnerabilidad gracias a políticas de empleo, formación o inclusión social.
¿Canarias sin ayudas?
Otro dato significativo surge de simulaciones realizadas por organizaciones sociales: si desaparecieran las ayudas públicas actuales, la tasa de pobreza en Canarias podría aumentar hasta el 47% de la población. Es decir, prácticamente la mitad de los residentes del archipiélago se encontraría en riesgo de exclusión.
El problema también refleja las debilidades estructurales del modelo económico canario. A pesar de la recuperación turística tras la pandemia, las islas mantienen altas tasas de precariedad laboral, salarios bajos y un elevado coste de la vivienda, factores que dificultan que muchas familias puedan salir de situaciones de vulnerabilidad.
Todo ello explica por qué Canarias se encuentra todavía lejos de los objetivos marcados por la Agenda 2030 para reducir la pobreza. Según los cálculos de organizaciones sociales, el Archipiélago presenta una desviación de más de 140.000 personas respecto al objetivo de reducir a la mitad el número de ciudadanos en situación de pobreza o exclusión.
Ante este escenario, numerosas entidades sociales reclaman políticas más integrales contra la pobreza, que no se limiten al ámbito de los servicios sociales. La lucha contra la exclusión, sostienen, debería implicar también a áreas como educación, empleo, vivienda o sanidad.
