La propuesta de declarar Bien de Interés Cultural (en su dimensión inmaterial) al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vuelve cíclicamente porque toca una de las fibras más sensibles de nuestra idiosincracia.
Nos sumerge también en el debate sobre qué consideramos patrimonio vivo y qué herramientas usamos para defenderlo.
A primera vista, la idea parece obvia. Si hay una manifestación cultural con potencia histórica, creativa y social en Canarias, es el Carnaval. Pero precisamente por ser un fenómeno vivo —cambiante, conflictivo, masivo—, a medio camino entre cultura popular e industria turística, la figura del BIC puede traer beneficios pero también perjuicios.
Argumentos a favor
Blindaje institucional y continuidad. Un BIC puede funcionar como un paraguas administrativo para asegurar que el Carnaval no dependa solo del ciclo político o de la coyuntura, ya se en forma de presupuestos, prioridades, recortes o cambios de modelo.
En un contexto donde el espacio público está cada vez más regulado y disputado, el reconocimiento patrimonial puede dar prioridad a su protección y a su transmisión.
Salvaguarda de lo intangible. Un BIC bien diseñado no debería dictar cómo “tiene que ser” el Carnaval, sino identificar qué lo hace singular: oficios (diseño, costura, plástica), repertorios, rituales colectivos, memoria oral, formas de participación y continuidad intergeneracional. Es decir, proteger el ecosistema cultural, no una postal.
Coherencia con su proyección exterior. Santa Cruz ya opera, de facto, como capital simbólica del carnaval canario: su influencia estética, mediática y turística está consolidada.
Un BIC podría ordenar y documentar ese capital, facilitar investigación, archivo y difusión, y reforzar el argumento de protección frente a decisiones que tiendan a “desactivar” la fiesta.
En contra
Sin embargo, mal planteado el BIC puede convertirse en una camisa de fuerza, debido a:
Fosilización administrativa. Si el expediente se redacta como una lista de rasgos “obligatorios”, cada cambio —formatos, escenarios, horarios, evolución musical, nuevas expresiones— puede volverse un problema. El Carnaval no es una pieza de vitrina, su fuerza está en mutar sin perder identidad.
Judicialización del conflicto urbano. En Santa Cruz el debate no es solo cultural. También es convivencia: ruido, movilidad, seguridad, limpieza, saturación, economía nocturna, salud pública.
Si declaras BIC algo que ya es objeto de tensiones, puedes reencuadrar los conflictos como “ataques al patrimonio”, endurecer posiciones y acabar con más pleitos y menos gestión inteligente.
Banalización de la figura. Si la etiqueta BIC se usa como trofeo político o se aplica sin rigor, pierde valor social. Y si todo es BIC, nada lo es.
El reconocimiento debe estar respaldado por un expediente sólido y una necesidad real de tutela, no por el impulso de colgar medallas institucionales.
Lo que el BIC no resolverá
Un BIC no arregla por sí mismo la logística del carnaval en la calle, ni el debate sobre límites horarios, ni el modelo de ocupación del espacio público. Tampoco resuelve el “cómo” de la financiación o la distribución de costes entre administraciones y sectores beneficiados. Si se vende como solución total, generará frustración.
Por todo ello, se podría pensar que el BIC puede ser idóneo, pero solo bajo la condición de que el BIC se construya como un plan de salvaguarda flexible, no como un reglamento encubierto.
Eso implica la participación real de murgas, comparsas, agrupaciones musicales, diseñadores, colectivos del carnaval de calle, vecinos, técnicos de patrimonio, seguridad y movilidad.
También implica definir un “núcleo” patrimonial y permitir explícitamente la innovación y la adaptación. En definitiva, que lo cuiden sin domesticarlo para seguir encontrando maneras nuevas de seguir siendo lo que es.
