El Ejecutivo catalán ha dado el paso definitivo para intentar sacar a Cataluña de la prórroga presupuestaria técnica en la que se encuentra. La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha entregado en el Parlament el proyecto de ley de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, unas cuentas que ascienden a cerca de 50.000 millones de euros. A pesar de la formalización del trámite al filo del cierre de febrero, el Govern del PSC todavía no cuenta con los votos necesarios para garantizar que el proyecto supere las enmiendas a la totalidad y sea aprobado definitivamente por la cámara.
El proyecto presentado supone un incremento de unos 9.000 millones de euros respecto a las últimas cuentas que lograron ser aprobadas, correspondientes al ejercicio de 2023. Desde aquel año, la política catalana ha encadenado dos ejercicios de parálisis presupuestaria: primero en 2024, bajo el mandato de Pere Aragonès, lo que precipitó el adelanto electoral, y posteriormente en 2025, ya con Salvador Illa en el Palau de la Generalitat, al no lograrse el consenso parlamentario suficiente tras su investidura. Este tercer intento busca normalizar la gestión administrativa de la administración autonómica con un techo de gasto récord.
La llave de la aprobación vuelve a estar en manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La formación independentista, que facilitó la investidura de Illa, se mantiene cautelosa y vincula su apoyo al cumplimiento estricto de los acuerdos previos, especialmente en materia de financiación singular y políticas de vivienda. Aunque las negociaciones entre socialistas y republicanos se han intensificado en las últimas semanas, los de Lluïsa Salvador todavía no han dado el visto bueno definitivo, lo que sitúa al Ejecutivo en una posición de vulnerabilidad parlamentaria durante el inicio del debate en comisión.
Desde la Consejería de Economía se defiende que estas cuentas son imprescindibles para desplegar los servicios públicos y aprovechar la llegada de fondos europeos. Alícia Romero ha apelado a la responsabilidad de los grupos para evitar un tercer año consecutivo de prórroga, algo que, según el Govern, lastraría la capacidad de inversión en sectores críticos como la sanidad y la educación. El calendario parlamentario marca ahora un periodo de comparecencias de los distintos consejeros, mientras en los despachos continúa la búsqueda de una mayoría que evite un nuevo fracaso legislativo antes de que termine la primavera.
