La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado la primera sentencia en el caso Mediador. El tribunal ha condenado por un delito de cohecho continuado al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, al empresario del sector fotovoltaico Antonio Bautista y al intermediario que da nombre a la trama, Marco Antonio Navarro Tacoronte. Esta resolución judicial cierra la instrucción de la primera pieza separada de una causa que sacudió los cimientos de la política canaria y de la institución armada por el uso de influencias públicas para fines privados.
El fallo judicial considera probado que el general Espinosa aprovechó su posición y sus contactos oficiales para favorecer los intereses empresariales de Antonio Bautista a cambio de diversas contraprestaciones. Las investigaciones revelaron que el empresario, conocido en las grabaciones de la trama como el Curilla, realizó pagos y sufragó gastos personales del mando de la Guardia Civil con el objetivo de facilitar su expansión de negocio en el sector de las energías renovables en las islas. El papel de Navarro Tacoronte fue fundamental como nexo de unión, organizando encuentros y gestionando los flujos de dinero y prebendas que sustentaban la relación ilícita.
La sentencia detalla una operativa basada en el intercambio de favores que incluía desde comidas en restaurantes de lujo hasta pagos directos y gestiones para obtener contratos públicos. El tribunal subraya que la continuidad en el delito de cohecho responde a una práctica sostenida en el tiempo, donde la función pública se puso al servicio de intereses particulares de forma sistemática. La implicación de un alto mando de la Guardia Civil en activo durante parte de los hechos otorgó a la trama una pátina de autoridad que facilitaba el acceso a despachos oficiales y la presión sobre otros funcionarios.
Este primer veredicto del caso Mediador llega tras años de instrucción marcados por la filtración de fotografías y audios que evidenciaban un estilo de vida de excesos pagados por empresarios. Aunque esta pieza se centra en la vertiente del cohecho entre el general y el sector fotovoltaico, la causa matriz sigue analizando las ramificaciones políticas que afectaron a antiguos cargos del Gobierno de Canarias y del Congreso de los Diputados. La condena a Navarro Tacoronte, a pesar de su condición de arrepentido y colaborador con la justicia, confirma su responsabilidad penal en la arquitectura de la red corrupta.
Las defensas de los condenados ya han anunciado su intención de recurrir la sentencia ante instancias superiores, alegando vulneración de derechos fundamentales durante la fase de investigación, especialmente en lo relativo al acceso a los dispositivos móviles de Navarro Tacoronte. Por su parte, la Fiscalía valora positivamente el fallo al entender que respalda la tesis acusatoria sobre la existencia de una trama organizada para el saqueo de fondos y la manipulación de la administración pública en beneficio de unos pocos.
