El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que España prohibirá el acceso a las redes sociales a todos los menores de 16 años. Esta medida, que el Ejecutivo prevé aprobar la próxima semana, sitúa a España en la línea de países como Australia y Francia, que ya han iniciado trámites legislativos similares para restringir el uso de estas plataformas entre adolescentes.
Sánchez ha justificado la decisión argumentando que las redes sociales se han convertido en un espacio de adicción, abusos y manipulación para los menores. El plan del Gobierno obligará a las empresas tecnológicas a implementar sistemas de verificación de edad reales y efectivos, sustituyendo las actuales casillas de confirmación por barreras técnicas que impidan el registro de quienes no cumplan el requisito legal.
El paquete de medidas anunciado por el presidente incluye también un endurecimiento de la normativa para las grandes plataformas digitales. El Ejecutivo tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. Además, el Gobierno exigirá que los directivos de estas empresas asuman responsabilidades legales personales por las infracciones que se cometan en sus servicios, acabando así con la impunidad corporativa en casos de delitos de odio o difusión de contenidos nocivos.
Para reforzar este control, España se ha aliado con otros cinco países europeos en la denominada Coalición de los Digitalmente Dispuestos. Este grupo de trabajo busca coordinar una regulación más estricta a nivel multinacional para frenar lo que Sánchez ha calificado como el salvaje oeste digital. Asimismo, el Gobierno colaborará con la Fiscalía para investigar posibles infracciones legales en plataformas específicas como TikTok, Instagram o Grok, la inteligencia artificial de la red social X.
