En su comparecencia semanal de este lunes, el portavoz de Podemos ha trasladado a Pedro Sánchez una nueva batería de exigencias que busca transformar profundamente el marco de derechos de la población extranjera en España. La principal demanda se centra en permitir que los más de 500.000 beneficiarios del nuevo decreto puedan ejercer el derecho al voto de forma inmediata, sin necesidad de completar el largo proceso de obtención de la nacionalidad.
Esta ofensiva política de Podemos no se limita únicamente al sufragio. El partido ha reclamado formalmente un recorte drástico en los plazos legales para conseguir el pasaporte español, argumentando que la burocracia actual supone una barrera injusta para la plena integración de quienes ya viven y trabajan en el país. Según la formación, la presión ejercida sobre el sector socialista del Gobierno ha sido clave para desbloquear la regularización masiva, y ahora pretenden aprovechar esa inercia para desmantelar lo que consideran pilares del racismo institucional.
El programa de máximos presentado por Podemos incluye también el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), espacios que la formación califica de anacrónicos y contrarios a los derechos humanos. Además, han puesto sobre la mesa la derogación de la actual ley de Extranjería y el cese de las redadas basadas en perfiles raciales, una práctica que el partido denuncia como habitual en las calles españolas.
Con esta postura, Podemos marca distancias con el PSOE. El Ejecutivo intenta gestionar el alcance técnico de la regularización pactada, sus socios de coalición exigen que los nuevos residentes dejen de ser ciudadanos de segunda y pasen a formar parte del censo electoral. El anuncio anticipa un nuevo frente de conflicto en el Congreso, donde la formación morada ya ha advertido que vigilará cada paso del Ministerio del Interior para asegurar que se cumplen sus compromisos en materia de derechos civiles.
