Según se desprende de documentos oficiales, la Comisión Europea ya alertó en el año 2023 sobre el estado de esta vía, calificándola de obsoleta y subrayando la necesidad urgente de acometer una renovación integral para garantizar la seguridad de los viajeros.
La institución comunitaria dejó constancia por escrito de que la primera línea de alta velocidad inaugurada en España no cumplía de forma óptima con las normas europeas de interoperabilidad ferroviaria. En el informe, que todavía permanece accesible en los portales oficiales de la Unión Europea, se detallaba que el trazado requería actualizaciones tecnológicas profundas para adaptarse a los requisitos de la red transeuropea de transporte. Bruselas señalaba que el desgaste de los sistemas tras décadas de servicio exigía una inversión que fuera más allá del mantenimiento rutinario.
Ahora se cuestiona por qué las advertencias de los técnicos europeos no se tradujeron en medidas preventivas antes de que ocurriera la catástrofe. Mientras que desde el Gobierno se defendía hasta ahora la calidad de la red de alta velocidad española, el documento de la Comisión pone de manifiesto una brecha entre la imagen pública de la infraestructura y su estado técnico real detrás de los mandos de control.
Expertos en seguridad vial y sindicatos del sector han recordado que la línea Madrid-Sevilla, operativa desde 1992, ha superado ya los treinta años de servicio sin una reforma estructural de su señalización y sistemas de frenado automático a la altura de las líneas más modernas. La investigación técnica deberá determinar ahora si los fallos señalados por Bruselas hace tres años fueron determinantes en el descarrilamiento que ha conmocionado al país.
