La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, se encuentran en el centro de las críticas tras conocerse que ambos perciben una indemnización mensual de 2.078,92 euros por parte del Congreso de los Diputados, destinada teóricamente a cubrir sus gastos de alojamiento en la capital.
Esta cuantía, que suma un total de 29.104,88 euros anuales libres de impuestos para cada uno, se otorga a los diputados electos por circunscripciones distintas a Madrid. Sin embargo, la polémica surge al constatar que ninguno de los dos ministros afronta gastos de alquiler o hipoteca en la ciudad, ya que ambos residen en inmuebles de titularidad pública cuyos costes de mantenimiento y suministros corren a cargo del erario nacional.
La situación de Óscar Puente es especialmente cuestionada debido a las características de su residencia oficial. El ministro ocupa un ático de titularidad estatal situado a escasos metros del Congreso, en una de las zonas más exclusivas de Madrid. El inmueble, que cuenta con una superficie de 575 metros cuadrados, fue objeto de una reforma integral recientemente finalizada que supuso un desembolso superior al millón de euros de fondos públicos, incluyendo materiales de alta gama y sistemas de climatización de última generación.
Por su parte, María Jesús Montero reside en una vivienda oficial ubicada dentro de las dependencias del Ministerio de Hacienda. Al igual que en el caso de Puente, el uso de este inmueble es gratuito para la vicepresidenta, lo que convierte la indemnización del Congreso en un ingreso neto adicional que no se destina al fin para el que fue concebida la dieta parlamentaria.
Desde el entorno de ambos ministros se defiende la legalidad del cobro, argumentando que se trata de una asignación fijada de forma automática por el Reglamento del Congreso para todos los diputados de provincias. Sostienen que renunciar a ella de forma individual sería un hecho sin precedentes y que el sistema no distingue si el parlamentario dispone o no de otros recursos habitacionales proporcionados por el Estado.
Sin embargo, el contraste entre el discurso gubernamental sobre la accesibilidad a la vivienda y el disfrute de estos privilegios ha generado un profundo malestar. La mayoría de la ciudadanía se enfrenta a precios de alquiler récord en Madrid, mientras que los dos cargos ministeriales no solo disfrutan de viviendas señoriales sin coste, sino que incrementan sus emolumentos anuales con una ayuda para unos gastos que, en la práctica, no existen.
