El Ministerio Fiscal ha despejado este martes el camino para la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera judicial activa. Tras un informe técnico de la Inspección Fiscal, la Fiscalía General del Estado ha dado luz verde a que el exjefe del Ministerio Público se incorpore como fiscal a la Sección de lo Social del Tribunal Supremo. La decisión se fundamenta en una interpretación restrictiva de la sentencia que lo condenó por revelación de secretos, argumentando que la pena de inhabilitación de dos años se refiere estrictamente al puesto de fiscal general y no a su condición de funcionario de carrera.
García Ortiz, que ostenta la máxima categoría profesional de fiscal de Sala, ha optado por este destino en busca de un entorno con menor exposición pública tras la tormenta mediática y judicial que forzó su salida. La resolución de la Inspección sostiene que extender la inhabilitación a cualquier otra función dentro de la carrera sería excesivo, permitiéndole así mantener su estatus y sueldo en una de las secciones más técnicas y discretas del alto tribunal.
Sectores de la oposición y algunas asociaciones fiscales cuestionan que un condenado por delito doloso pueda seguir representando la legalidad, el informe avalado por la actual fiscal general, Teresa Peramato, subraya que el fallo judicial no especificaba la pérdida de la condición de fiscal. Bajo esta premisa, la institución considera que García Ortiz ha cumplido con la responsabilidad política al abandonar la jefatura, pero mantiene intacto su derecho a ejercer el oficio en otros departamentos.
Para sus defensores, la reincorporación es un acto de justicia reglamentaria que protege la carrera profesional de un funcionario frente a una condena que consideran desproporcionada. Sin embargo, las voces críticas advierten de que este movimiento daña la imagen de imparcialidad de la institución, al permitir que quien fue condenado por filtrar datos reservados de un particular vuelva a ocupar un despacho en el mismo tribunal que dictó su sentencia.
A pesar de las críticas, García Ortiz ya ha comunicado a su entorno su intención de iniciar esta nueva etapa de forma paulatina. El decreto que formaliza su destino definitivo está pendiente de los últimos trámites administrativos, pero el aval de la Inspección cierra el debate jurídico interno y confirma que el exfiscal general seguirá formando parte de la élite de la magistratura española.
