La transformación económica de Venezuela durante el último cuarto de siglo constituye uno de los casos de estudio más severos en la macroeconomía moderna. Al analizar la gestión de Hugo Chávez y su continuación bajo Nicolás Maduro, la evidencia empírica revela que el colapso nacional no fue producto del azar ni exclusivamente de factores externos, sino la consecuencia directa del desmantelamiento sistemático de las instituciones económicas y los mecanismos de mercado.
Durante la administración de Hugo Chávez (1999-2013), Venezuela experimentó el auge de precios de materias primas más significativo de su historia. Sin embargo, en lugar de aprovechar estos ingresos extraordinarios para crear fondos de estabilización, el gobierno optó por una agresiva política fiscal procíclica, gastando cada dólar ingresado y quintuplicando la deuda externa.
Fue en este contexto donde se incubó el fenómeno conocido en la literatura económica como «Enfermedad Holandesa». Este mecanismo describe la paradoja mediante la cual la bonanza de un recurso natural (el petróleo) termina perjudicando al resto de la economía. En el caso venezolano, la entrada masiva de petrodólares, combinada con un tipo de cambio fijo y sobrevaluado (CADIVI), provocó una apreciación real de la moneda.
Esto hizo artificialmente barato importar bienes del extranjero y extremadamente costoso producirlos internamente. Esta dinámica aniquiló la competitividad de la agricultura y la manufactura nacional (sectores transables), desplazando la producción local por importaciones subsidiadas. Así, el país se hizo dependiente de los puertos y casi exclusivamente del petróleo, destruyendo el tejido industrial privado mucho antes de la crisis visible.
La llegada de Nicolás Maduro coincidió con el fin de esa bonanza petrolera, desnudando la fragilidad de este modelo desindustrializado. Sin ahorros y sin un aparato productivo interno capaz de suplir lo que ya no se podía importar, el gobierno recurrió a la herramienta más nociva de la política monetaria; el financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión de dinero por parte del Banco Central. Esta ruptura de la disciplina monetaria desató una hiperinflación histórica que pulverizó el valor del bolívar y el sistema de precios, precipitando una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) cercana al 80% entre 2013 y 2021.
Es crucial abordar desde un punto de vista técnico el rol de las sanciones internacionales. Si bien las medidas financieras (2017) y petroleras (2019) impuestas por Estados Unidos exacerbaron la crisis y limitaron el margen de maniobra, los datos demuestran que la recesión comenzó en 2014. Por tanto, la destrucción de la industria petrolera, cuya producción cayó por falta de inversión (Capex) y desprofesionalización gerencial, es una causa endógena y anterior a las sanciones.
El arresto de Nicolás Maduro el 3 de enero invita a soñar con una «Venezuela tipo Panamá»: dolarizada, comercial y abierta. Sin embargo, este optimismo financiero choca con unas instituciones que siguen siendo corruptas . Venezuela es un estado en ruinas burocráticas carcomidas por 26 años de corrupción sistémica.
En este tablero, la administración Trump no entra como salvadora moral, sino con una agenda estrictamente transaccional, priorizando el acceso energético y la contención migratoria. Para la Casa Blanca, Venezuela es un activo en liquidación y una oportunidad de negocios, no una democracia que deban reconstruir por caridad.
La economía podrá rebotar por la inercia del capital privado, pero el Estado es un cascarón vacío. Limpiar las cañerías de un sistema infectado y reconstruir la confianza legal no se logrará con la euforia de los mercados, es un trabajo titánico y de largo aliento. El riesgo real es que Venezuela se convierta en una economía funcional solo para los intereses externos y sostenida sobre un modelo institucional que sigue en descomposición.
