Nueva sacudida institucional en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha ordenado la apertura de una investigación formal ante la sospecha de que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha incurrido en una grave responsabilidad contable. El foco está puesto en una partida de 21,7 millones de euros en pagos realizados sin la debida justificación documental.
La decisión, adoptada por el Departamento Tercero de Enjuiciamiento, supone un varapalo para la gestión de la agencia dependiente del departamento que dirige José Manuel Albares. Tras analizar los indicios, el tribunal ha visto motivos suficientes para designar a una delegada instructora, Mercedes Santamaría, quien deberá determinar si existe un «alcance» (malversación o pérdida) de caudales públicos.
Aunque el grueso de las irregularidades detectadas se concentra en el ejercicio 2023, los informes preliminares apuntan a que parte de estos desajustes contables se venían arrastrando desde el año 2016. Sin embargo, ha sido bajo la actual dirección cuando el organismo fiscalizador ha decidido intervenir ante la falta de subsanación de estas deficiencias.
Este procedimiento se suma a otros informes recientes del Tribunal de Cuentas que ya advertían de «numerosas irregularidades» en contratos de cooperación y una «falta de planificación estratégica» en la AECID. Desde la oposición ya se han solicitado explicaciones urgentes en el Congreso, mientras que fuentes diplomáticas aseguran que se está colaborando con el tribunal para «regularizar expedientes antiguos».
La delegada instructora tiene ahora la tarea de identificar a los gestores responsables de estos pagos para que, en caso de confirmarse el daño al erario público, respondan con su patrimonio personal por el dinero no justificado.
