Crecen las dudas jurídicas sobre la decisión del Gobierno de declarar como “secreto” la información relativa al papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ejecutada en marzo de 2022 en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Este recurso al secreto informativo —hasta ahora invocado por el Ejecutivo para no desvelar detalles sobre la actuación de Zapatero— centra ahora críticas de juristas que ven en ello un posible “fraude de ley” al utilizar de forma inapropiada normativa sobre confidencialidad para ocultar información de interés público.
Abogados constitucionalistas y especialistas en derecho administrativo han expresado los riesgos jurídicos y democráticos de reservar bajo secreto datos que, según sostienen, no encajan en las excepciones previstas en la regulación del FASEE, cuya finalidad es amparar información estrictamente financiera, no la descripción de actuaciones políticas o de intermediación política del expresidente. Según estos expertos, el núcleo de la cuestión no sería tanto la existencia de información confidencial sino el uso de una categoría normativa para impedir el acceso público a hechos que tienen un claro impacto en la esfera pública y política.
La controversia se ha extendido en los últimos días, junto al auge de las investigaciones relacionadas con la aerolínea Plus Ultra, cuya inyección pública de 53 millones de euros durante la pandemia está bajo escrutinio por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Parte de estas pesquisas han sido declaradas secretas por los tribunales, lo que ha generado un debate más amplio sobre transparencia, control parlamentario y el derecho de los ciudadanos a conocer detalles relevantes sobre la actuación de sus dirigentes.
El entorno jurídico sostiene que la declaración de materia secreta sólo debería utilizarse en casos concretos y delimitados por la ley, lo que abriría la puerta a considerar que la calificación adoptada por el Gobierno en 2022 se apartó de esos límites, y podría encajar en lo que técnicamente se denomina un fraude de ley: es decir, recurrir a una figura legal con un fin distinto al que la norma contempla explícitamente.
Por su parte, fuentes del Gobierno han defendido en otras ocasiones la integridad del proceso de rescate de la aerolínea, apuntando a que fue ejecutado en conformidad con la legislación vigente y bajo los parámetros requeridos por el Tribunal de Cuentas.
