El titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha incoado diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, tras apreciar indicios de un presunto delito de imprudencia grave con resultado de lesiones, desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos.
La investigación judicial nace de una denuncia interpuesta por el colectivo Manos Limpias, que responsabiliza directamente al delegado del operativo policial desplegado en septiembre, coincidiendo con las tensas protestas propalestinas que rodearon la competición. Según el escrito admitido a trámite, Martín habría impuesto un plan de actuación basado en el «guante blanco» y la propaganda política, lo que, a juicio de los denunciantes, dejó a las Unidades de Intervención Policial (UIP) «con las manos atadas» frente a los manifestantes violentos.
El magistrado pondrá el foco en el llamativo contraste de las cifras oficiales de aquella jornada. Mientras la Delegación del Gobierno calificó el dispositivo de «éxito», el balance arrojó un saldo de 25 agentes heridos y tan solo dos detenciones. La denuncia sostiene que los agentes fueron enviados al operativo sin órdenes específicas, sin material de protección suficiente y en una clara inferioridad numérica que los convirtió en «carne de cañón».
La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha calificado de «lógica» la decisión judicial, insistiendo en que el dispositivo parecía «diseñado para fracasar». Por su parte, Francisco Martín ha defendido en reiteradas ocasiones la proporcionalidad de la actuación, enmarcando las críticas en una campaña de erosión política.
