El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) dieron un paso decisivo hacia la aprobación de un plan nacional de vigilancia y actuación frente a las infecciones respiratorias invernales —gripe, virus respiratorio sincitial (VRS) y coronavirus—. La iniciativa, que será debatida formalmente en la próxima Comisión de Salud Pública, pretende homologar criterios y medidas en toda España, tomando como referencia, aunque a menor escala, las estrategias desplegadas durante la pandemia del coronavirus.
Tras meses de desacuerdo que impidieron adoptar un protocolo común la temporada anterior, el nuevo contexto epidemiológico —con un avance acelerado de la gripe y advertencias sobre una posible ola temprana— ha empujado al Ejecutivo y a las comunidades a retomar el diálogo. La propuesta establece un esquema de cuatro escenarios (desde riesgo bajo a muy alto) que activará diferentes medidas en función de la incidencia: desde recomendaciones de vacunación y uso de mascarillas en entornos sanitarios o vulnerables, hasta restricciones más estrictas en caso de rebrote grave.
El plan contempla el refuerzo de la vigilancia epidemiológica mediante el sistema SiVIRA (Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas), ya utilizado para monitorizar gripe, VRS y coronavirus desde hace años, con recogida de datos en atención primaria y hospitales. Este instrumento permite detectar de forma temprana cambios en la circulación viral y activar medidas preventivas con agilidad.
El acuerdo supone además la asignación presupuestaria para apoyar la campaña de vacunación y reforzar la atención sanitaria en previsión de una posible saturación de hospitales en los meses de invierno. Incluye recursos para plasma humano, salud pública, salud mental, y sistemas de vigilancia de enfermedades, en un paquete que supera los 23,7 millones de euros.
La titular de Sanidad, Mónica García, subrayó la necesidad de evitar el colapso hospitalario y proteger a los colectivos vulnerables. Por su parte, responsables autonómicos del PP —como los de Aragón, Asturias o Castilla y León— mostraron su predisposición al consenso, aunque advirtieron de que la implementación dependerá de la evolución epidemiológica en sus territorios.
A falta de su aprobación definitiva —que podría producirse el próximo 3 de diciembre —, el avance logrado podría marcar el inicio de una temporada invernal con medidas sanitarias más homogéneas, preparadas para reducir impacto social y sanitario.
