El Gobierno ha expresado su malestar tras la condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos. Aunque Moncloa asegura que “respeta” la decisión judicial, fuentes del Ejecutivo han reconocido que no la “comparte”.
En una breve declaración institucional, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha explicado que la discrepancia del Gobierno con el fallo no debe “conducir a una desconfianza generalizada en las instituciones”: “España es un Estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial”, ha señalado.
Aun así, Bolaños ha anunciado que en los próximos días arrancará el proceso para nombrar a un nuevo o nueva Fiscal General del Estado, que, según el Gobierno, será una persona con “máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho”.
Como parte de su mensaje, el Ejecutivo ha querido poner en valor el papel de García Ortiz, destacando su compromiso con la ley y la verdad durante su etapa en la Fiscalía.
El nombramiento del sucesor se aborda en un momento delicado, tras una sentencia que deja en entredicho la figura de un fiscal general cercano al Gobierno, al que mostraba su apoyo de forma pública reiterada.
