La sentencia que ha sacudido los cimientos del Estado de Derecho ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema. El fiscal general del Estado ha sido condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, en un fallo que ha desatado tormentas políticas y mediáticas. Las reacciones han sido de todo menos moderadas: para unos, “la justicia por fin llega”; para otros, “la venganza del aparato”. Y desde Canarias, donde conocemos bien los silencios institucionales, la lectura es aún más esclarecedora.
Lo que debía ser el guardián de los secretos del Estado termina condenado precisamente por desvelarlos. El fiscal general ha recibido una pena de dos años de inhabilitación y una multa notable tras acreditar el tribunal que divulgó un contenido confidencial relacionado con un procedimiento especialmente sensible.
El Gobierno de Sanchez, en un ejercicio acrobático interesante, ha agradecido su servicio mientras anuncia que designará “en los próximos días” un sustituto. Una coreografía que solo se entiende cuando uno ha visto suficientes sesiones parlamentarias para saber que la coherencia no esta en el Sanchismo.
– Desde la oposición han sacado pecho, insistiendo en que la resolución evidencia que “la ley es igual para todos”, no sin aprovechar para cargar contra la temperatura ética del Gobierno.
– Desde ciertos sectores del espacio político más combativo se denuncia que la condena es el resultado de una “operación coordinada” para dinamitar a una figura incómoda para los grandes poderes. Chiquitos caraduras.
– En el ámbito funcionarial hay lecturas más pragmáticas: el episodio confirma que los altos cargos ya no están envueltos en mantequilla institucional y que cualquier exceso deja huella. De ese nada, que aun queda el indulto y el Cosntiucional de Pumpido.
Quienes vivimos entre la realidad insular y la peninsular sabemos bien cómo viajan estas noticias. Este caso abre un inevitable espejo: ¿qué ocurriría aquí si un alto cargo autonómico o insular protagonizara un episodio similar? ¿Se aplicaría el mismo rasero? La experiencia invita a levantar una ceja. O eso…. de calienta que sales…..
– La condena reconfigura de inmediato la relación entre el Ejecutivo y la Fiscalía.
– Abre un debate incómodo sobre los límites entre protección institucional y control del poder.
– Reaviva la discusión mediática sobre el uso —y abuso— de información reservada.
– En paralelo, sirve como aviso a navegantes en todos los territorios sobre la obligación de preservar la integridad de las instituciones.
Este episodio no es simplemente un ajuste de cuentas entre élites madrileñas. Es una advertencia de que incluso las figuras más blindadas pueden perder pie cuando cruzan líneas que creían invisibles. Y recuerda que en política, como en la tragedia griega, basta un solo acto para que el héroe descubra que su manto también puede funcionar como soga.
