La Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el expediente sobre la desestimación del recurso de reposición que EMMASA presentó contra la resolución autonómica que aprobó una subida del 6,3% en la tarifa del agua de Santa Cruz de Tenerife.
La empresa público-privada (mucho más privada que pública) pretendía una subida del 13,4% y lleva el pulso por el precio del agua a la vía contencioso-administrativa.
Hay que aclarar que el tribunal no decidirá cuánto deben pagar los usuarios, sino si la resolución que fijó el 6,3% actual tras el dictamen de la Comisión de Precios de Canarias, después de realizar un análisis técnico.
“Evitar desequilibrios en EMMASA”
El Consistorio defendió la subida del 13,4% para actualizar la inflación acumulada tras años de ajustes mínimos, pero también, como se subrayó, para evitar desequilibrios económicos en la concesión y que empresa mixta entraría en pérdidas y se resentiría la sostenibilidad del ciclo urbano del agua.
Además, avisaron de que podía venir el lobo y había un riesgo jurídico por mantener precios desactualizados, arriesgándose a conflictos o condenas por un desequilibrio de la concesión. Mientras tanto los ciudadanos esperan todos esos millones comprometidos por Sacyr en inversiones cuando se firmó el convenio en 2006.
La empresa EMMASA es mixta: Sacyr posee el 94,64% y el Ayuntamiento el 5,36%. La Junta General nombra el Consejo, de modo que el socio privado tiene mayoría en el órgano de administración, con representación municipal, simbólicamente ocupando también la presidencia.
Tras la privatización de 2006 y el pago de 59–60 millones en concepto de canon, se acordó años después una devolución periódica que acabó en los tribunales por ser una manifiesta injusticia, pero hace tres los se llegó a un acuerdo y Sacyr comenzó a reponer los millones cobrados demás.
Con ese bagaje no es extrañar que todo lo que atañe a Emmasa desde entonces alimente el debate sobre “quién paga qué”.
Bien es cierto que las subidas han sido muy bajas en estos años. Tras una década con ajustes muy pequeños, en 2022 se autorizó una subida moderada y en noviembre de 2024 se llegó a la subida del 6,3% que ahora se litiga.
Qué pasará ahora
El TSJC ahora tendrá que comprobar si se siguieron las reglas del decreto canario de precios autorizados, su hubo una motivación técnica para esa subida exacta si la Consejería resolvió conforme al dictamen de la Comisión de Precios y con base suficiente.
La lógica dicta que la reclamación de EMMASA no será atendida. Se admiten apuestas.
Esta empresa es una auténtica ergüenza. El agua y el servicio que presta son igual de malos. Abusa de su poder por ser un monopólio.
Ayer domingo, mas de 8 horas sin suministro de agua en todo el barrio. Y luego la restablecen, y a tragarse toda la porquería que dejan en la red, como es de costumbre. Además de los daños y averías en grifos y electrodomésticos.
Muchas Gracias EMMASA.