El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la Diputación de Albacete han firmado un convenio para que el organismo público canario utilice SEDIPUALBA, una plataforma integral de administración electrónica ya operativa en decenas de instituciones como las diputaciones de Huesca y León o numerosos ayuntamientos.
No es un simple software, es un paquete completo en modo servicio con expediente electrónico, registro interoperable, firma y custodia de documentos, notificaciones, resoluciones y control interno, alojado y mantenido todos los días las 24 horas con garantías de seguridad ENS (el marco normativo español que establece los requisitos de seguridad de la información para la administración pública y sus proveedores).
¿Qué gana Canarias?
Tiempo, cumplimiento y seguridad. El ITC podrá desplegar expediente electrónico real sin montar un puzle de piezas sueltas. SEDIPUALBA trae integradas herramientas clave para la gestión de expedientes, resoluciones y control interno o notificaciones y publicaciones.
Además, puede integrarse con la tramitación de facturas electrónicas y conectar por servicios web con sistemas propios del ITC. Todo ello operado con un Centro de Atención a Usuarios para la plataforma.
¿Por qué a Albacete?
La Ley 40/2015 obliga a las administraciones a reutilizar soluciones públicas antes de comprar o desarrollar nuevas.
El convenio explicita que el ITC elige SEDIPUALBA por ser la opción más eficiente para cumplir la normativa de administración electrónica “con la mayor eficacia y eficiencia posibles”.
Traducido: acelera la implantación frente a proyectos a medida, reduce riesgos técnicos y de integración y abarata el coste de oportunidad respecto a arrancar desde cero.
El ITC contaba con herramientas previas, pero SEDIPUALBA unifica circuitos, estandariza procesos y garantiza cumplimiento normativo en un único entorno.
Además, no hay lucro. Se repercuten los costes reales de operación y almacenamiento según la Guía estatal de aplicaciones en modo servicio y la metodología de coste efectivo.
4 años
Por su parte, la Diputación de Albacete opera y aloja la plataforma, garantiza el servicio, notifica mantenimientos y actúa como encargado del tratamiento de datos durante la vigencia del convenio.
Al finalizar, devuelve toda la información al ITC y entrega los registros de trazabilidad, con la misma protección que aplica a sus propios datos.
La vigencia es de cuatro años, prorrogables hasta otros cuatro por acuerdo. Si la Diputación incumple la puesta a disposición, el ITC puede resolver y reclamar una indemnización de un cuarto de la última anualidad.
Para el ITC, significa entrar en producción con una plataforma probada, interoperable y segura… sin perder años en desarrollos propios.
Para la ciudadanía repercutirá en más trámites electrónicos, notificaciones digitales fiables y mucho menos papel.
