El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha decidido mantener abierta la causa y sumar una nueva imputación: la de Judit Alexandra González, secretaria general de la Presidencia del Gobierno. La funcionaria será investigada por un presunto delito de malversación de caudales públicos, al haber supervisado supuestamente los trabajos de Cristina Álvarez, asistente de Gómez, a la que el magistrado atribuye labores privadas en beneficio de los negocios de la esposa de Pedro Sánchez.
Peinado ha citado a Judit González a declarar el próximo 12 de noviembre ante el Tribunal del Jurado, y ha ordenado nuevas diligencias, entre ellas la petición a Moncloa de un informe detallado sobre el personal asignado a los cónyuges de los presidentes del Gobierno, sus funciones y número de asistentes.
El juez reestructura así el procedimiento tras la decisión de la Audiencia Provincial de unir todas las piezas del caso. En su auto, atribuye a Gómez cinco posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo laboral y malversación. También están investigados el empresario Juan Carlos Barrabés, la asistente Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y ahora González.
Peinado argumenta que los hechos deben juzgarse de forma conjunta por un jurado popular, al considerar que el vínculo familiar de Gómez con el presidente del Gobierno es clave para entender la posible comisión de los delitos. Sostiene que sin esa relación “difícilmente podría haberse dado” el tráfico de influencias ni las conductas asociadas.
Sobre la nueva imputación, el juez señala que cualquier responsable público con capacidad de supervisión que permita el uso de recursos del Estado para fines privados “puede incurrir en malversación por omisión”, al no evitar un uso indebido de personal o medios públicos.
