Discurso de apertura del año judicial 2025

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I.  VOCATIVOS E INTRODUCCIÓN

Un año más, es el quinto, en nombre del Poder Judicial, al que represento en esta Comunidad Autónoma, tengo el honor de darles la bienvenida a este acto de apertura del año judicial en Canarias y les agradezco vivamente su presencia.

Antes de comenzar la exposición quiero recordar, con respeto y gratitud, la figura de D. José Mateo Díaz, que nos dejó el pasado mes de agosto. Primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desde su creación en 1989, dedicó 44 años de su vida a la carrera judicial con ejemplar integridad y compromiso inquebrantable con la independencia de la Justicia. Su legado de rectitud y firmeza permanecerá como ejemplo para todos los que servimos a esta institución. Descanse en paz.

Celebramos este acto, tal como faculta el Reglamento de Protocolo, después de que haya tenido lugar la solemne apertura del año judicial el pasado día 5 de septiembre, en el Tribunal Supremo, bajo la presidencia de S.M. el Rey.

Como saben, este acto tiene una doble finalidad: en primer lugar, presentar la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de nuestro territorio, y, en segundo lugar, después de constatar las necesidades de la Administración de Justicia, enunciar los objetivos para el nuevo año judicial, todo ello no sin dejar de reflexionar sobre aquellos aspectos más relevantes y de actualidad para la Justicia.

II.  LA MEMORIA

En cuanto al primero de los objetivos, me complace destacar que la Memoria correspondiente al año 2024 fue aprobada por el Pleno de la Sala de Gobierno en la reunión celebrada el pasado día 6 de junio, y presentada por mí ante el Parlamento de Canarias el día 18 del mismo.

El documento, que se puede consultar en el Portal de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia, recoge el análisis estadístico detallado de la actividad desarrollada por los órganos judiciales del Archipiélago, así como las principales deficiencias detectadas y las propuestas de mejora que, a juicio de la Sala de Gobierno, resultan imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad Autónoma.

La Sala de Gobierno ha mantenido su intensa actividad, en total 20 reuniones, siempre en pleno. En la senda de visibilizar la presencia del Poder Judicial en todo el Archipiélago, en 2024 celebramos un pleno en La Gomera, y está previsto que a lo largo de este año nos desplacemos a El Hierro, con lo que se habrá completado, según el compromiso que asumí cuando accedí al cargo, el recorrido por las siete islas.

III.  DATOS ESTADÍSTICOS PRINCIPALES

No voy a abrumarles con demasiados datos sobre la actividad de los juzgados y tribunales. Me limitaré a enunciar las conclusiones más importantes que, a mi juicio, se extraen de la estadística y que consignamos en la Memoria:

1.  Notable incremento de asuntos

Los órganos judiciales de Canarias han debido hacer frente a un incremento del 13,9% en el número de asuntos registrados, alcanzando la cifra de 475.761 procedimientos incoados en los cuatro órdenes jurisdiccionales.

2.  Elevadísima tasa de litigiosidad

El dato más relevante del ejercicio de 2024 ha sido, una vez más, la elevadísima tasa de litigiosidad que, por sexto año consecutivo, sitúa a Canarias a la cabeza de España, con 212 pleitos por cada

1.000 habitantes, cifra muy superior a la media nacional y reflejo de la complejidad social, económica y territorial de nuestro entorno.

3.  Sobrecarga de los órganos judiciales

El incremento sostenido de la litigiosidad evidencia la confianza de la ciudadanía en la Justicia como instrumento de tutela de sus derechos, pero también genera una sobrecarga que afecta ya a más del 63% de los órganos judiciales. Concretamente, 139 superan el umbral del 130% del módulo de entrada, especialmente en los órdenes civil, social, y, de manera crítica, en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Especialmente preocupante es la situación de:

• Los juzgados civiles, con una media del 252%
• Los mercantiles, que superan el 211%
• Los sociales, con más del 177%
• Los mixtos, que superan el 166%
• Dentro de los órganos colegiados, la situación de las secciones civiles de las dos audiencias solo puede calificarse como crítica: 274% las de Santa Cruz de Tenerife y el 328% las de Las Palmas, de igual forma que la Sala de lo Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

4.  Alto nivel de rendimiento

La capacidad de respuesta de la judicatura canaria —y, por ende, de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia—, ha sido ejemplar: se han resuelto 440.489 asuntos, un 15,8% más que en el año anterior, y se ha mantenido un alto nivel de eficacia, como lo demuestra el hecho de que hemos alcanzado la media más alta de sentencias del país: 386 por juez/año, con un porcentaje de confirmación por el Tribunal Supremo del 92%, el cuarto más elevado de España.

Todo ello, además, con un tiempo medio de resolución en primera instancia de 6,2 meses, que sitúa a Canarias entre las comunidades con mayor agilidad procesal.

IV.   NECESIDADES PARA ALCANZAR UNA JUSTICIA MÁS ÁGIL Y EFICAZ

Aunque la Memoria se refiera al año 2024, no puedo dejar de aludir, por su trascendencia, al cambio radical que supone el nuevo modelo organizativo que establece la LO 1/2025, en cuya implantación y despliegue estamos plenamente comprometidos la Presidencia y toda la Sala de Gobierno. He creado, a tal efecto, una Comisión específica, en la que se integran los tres decanos que forman parte de la Sala de Gobierno, que está desarrollando una intensa actividad, en contacto directo con los decanos de los distintos partidos, para facilitar la transición. La primera fase ya está operativa y seguimos con atención la segunda, que se materializará en breve y, sobre todo, por su transcendencia, la tercera, que tendrá lugar al finalizar este año.

Por eso, y teniendo en cuenta el nuevo marco normativo, enuncio de manera actualizada las necesidades de la AJ en Canarias:

1. Se necesitan más plazas judiciales. Durante 2024 entraron en funcionamiento 9, dato positivo, y reclamamos 11 más. Este año hemos considerado prioritaria —en linea con un reciente acuerdo del Consejo General del Poder Judicial— la creación de 12 nuevas plazas en Las Palmas y otras tantas en Santa Cruz de Tenerife.
2. Se necesitan también medidas de refuerzo. La Sala de Gobierno ha desplegado una intensa actividad para solicitar medidas de apoyo durante el año 2024, de lo que queda constancia en la Nuestras peticiones no siempre han encontrado favorable acogida, especialmente por razones presupuestarias, argumento invocado por el Ministerio de Justicia.
3. En cuanto a demarcación, reclamamos:

1. Que culmine la comarcalización de la violencia sobre la Solo falta la zona norte de la isla de Tenerife.
2. La efectividad de la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz.
3. Que se aborde sin prejuicios y con soluciones imaginativas, aprovechando el nuevo modelo organizativo, la propuesta de unificación de los partidos de Arona y Granadilla de Abona, única solución para la viabilidad de este último.

4. En cuanto a los medios personales: constatamos retrasos en la cobertura de vacantes y cuestionamos que no se tenga en cuenta la opinión de la Sala de Gobierno a la hora de nombrar funcionarios de refuerzo, incluso en supuestos de medidas de apoyo aprobadas por Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Justicia.
5. También se abordan con detalle en la Memoria las deficiencias en materia de infraestructuras. Crítica es la situación del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, que repercute, por ejemplo, en el funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer, sin que se hayan registrado avances significativos en el último año. Sí se ha dado un paso adelante en el caso de Puerto del Rosario, aunque el nuevo edificio no verá la luz antes de cuatro años. Seguimos reclamando, otro año más, que se dé una solución adecuada a los partidos de La Orotava, los dos de La Palma, Granadilla y San Bartolomé de Tirajana.
6. En cuanto a nuevas tecnologías. Después de sucesivas prórrogas a lo largo de 2024 el pasado 6 de junio, la Sala de Gobierno, finalmente, dio el visto bueno definitivo a la aplicación Atlante Web por lo que desde el 1 de julio de 2025 dicho sistema de gestión procesal en su totalidad es de uso obligatorio para todos los jueces de Canarias.
8. En materia de violencia sobre la mujer:

Valoramos positivamente la creación de 4 nuevas plazas en Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Puerto del Rosario y Arona), pero insistimos en que hace falta una tercera plaza en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a medios, cuya provisión corresponde al Gobierno de Canarias, es necesario:

• Habilitar en todas las sedes dependencias que impidan la confrontación de víctima e
• Dotar de salas de espera y de toma de declaración a víctimas debidamente
• Crear las oficinas de atención a las víctimas.
• Reforzar los equipos psicosociales y los institutos de medicina
• Plena implantación de los medios telemáticos, también en las oficinas municipales, para evitar desplazamientos de las víctimas.
• Y facilitar el transporte de las víctimas hasta los juzgados en las áreas

8. En cuanto a violencia sobre la infancia y la adolescencia:

Consideramos que el modelo del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria, referente a nivel nacional e internacional, debería extenderse a todo el territorio, tanto en medios, por ejemplo dotación de salas Gessell en todos los partidos, como en equipos de apoyo. No podemos permitir que exista una justicia de primera y una justicia de segunda. Y es esta una materia esta en la que, sin una buena instrucción —para lo que se requieren medios adecuados—, difícilmente se puede hacer justicia.

Quede claro que estas reclamaciones no son para los jueces, no reclamamos para nosotros, sino para la ciudadanía, para conseguir una justicia rápida y eficaz, para que el derecho a la tutela judicial efectiva sea una realidad. Precisamente, y tal como tuve oportunidad de manifestar en la comparecencia ante el Parlamento de Canarias, me gustaría que la iniciativa para alcanzar un «pacto canario por la Justicia» se haga realidad y que no se quede en una mera proclama retórica. Hacen falta más medios y eso se debe traducir en más recursos al servicio de la Administración de Justicia, es decir, en una dotación presupuestaria suficiente. Y eso depende del Gobierno y del Parlamento de Canarias.

V. DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

En estos tiempos en que la independencia judicial se ve cuestionada desde diversos ámbitos, resulta imperativo recordar las oportunas palabras pronunciadas por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en el discurso de apertura del año judicial 2025-2026:

«La confianza en la justicia se fundamenta, ante todo, en que los jueces apliquemos la ley con rigor, sin someternos a presiones externas ni a otro criterio que no sea el estricto sometimiento al ordenamiento jurídico, dando a todos el mismo trato, sin hacer más excepciones que las que la ley prevé, ni distinguir en razón de quiénes sean los afectados.»

Y añadió con contundencia:

«Estas descalificaciones son impropias de un estado de derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo: en definitiva, la lealtad institucional. Son aceptables el desacuerdo y la crítica, siendo ambos legítimos, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional.»

Como bien señaló nuestra presidenta: «La independencia judicial no es, en modo alguno, un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber”, añadiendo que, como advierte la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho en España: «los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública en ésta.»

En los últimos tiempos, sin embargo, estamos asistiendo a reiterados ataques al Poder Judicial desde altas instancias, atribuyendo intencionalidad política a jueces que adoptan decisiones que no son de su agrado, lo que constituye, sin duda, un agravio a la independencia judicial que proclama el art. 117 CE.

En Canarias, afortunadamente, no se percibe ese clima de tensión y enfrentamiento que se está extendiendo en la política nacional. Aquí impera lo que se ha venido a denominar «el modo canario» de hacer política: un estilo caracterizado por el diálogo, el consenso y el respeto mutuo, no solo a nivel personal, sino también entre instituciones. Este modo de conducirse en la vida pública, que permite abordar los grandes retos con altura de miras, lejos de confrontaciones estériles, debe ser preservado como un valor fundamental para la convivencia democrática.

Esta cultura del entendimiento no implica, sin embargo, renuncia alguna. Lejos de ello, en lo que nos concierne, como órganos de gobierno del Poder Judicial, estamos llamados a ejercer, con firmeza y determinación, las que consideramos justas reclamaciones ante la Administración prestacional, de igual forma que no impide mostrar nuestro desacuerdo con respecto a determinadas iniciativas legislativas que nos afectan, como, por ejemplo, la que pretende regular el acceso a la carrera judicial orillando los principios de mérito y capacidad. Pero también, desde la otra perspectiva, tampoco excluye la crítica razonada de las resoluciones judiciales, cuya más alta expresión se encarna en los recursos que contempla nuestro ordenamiento, como sabemos, sumamente garantista. Como tampoco excluye, en su caso, la exigencia de responsabilidades disciplinarias o, incluso, penales de los jueces.

Son estas las vías legítimas, los cauces constitucionales que salvaguardan la integridad del poder judicial y, a la vez, refuerzan la confianza en las instituciones. Porque esa confianza es el pilar que sostiene la legitimidad y la autoridad del poder judicial. Y porque la siembra de sospechas y acusaciones infundadas erosiona no solo la valoración social de la judicatura, sino los cimientos mismos del Estado de Derecho.

No olvidemos que hablamos del poder judicial, el más vulnerable y, quizá, el más esencial de los poderes del Estado. Un poder que, como advirtió Hamilton, no dispone de espada ni tesoro, un poder que carece de medios para defenderse y cuya fortaleza reside exclusivamente en el sometimiento a la ley y al resto del ordenamiento jurídico y en su compromiso con la imparcialidad.

Este poder, que garantiza los derechos fundamentales, que sostiene la seguridad jurídica, que asegura la convivencia pacífica, solo demanda respeto y sosiego para llevar a cabo su trascendental labor. No es mucho pedir. Pero mientras no cesen los ataques, debemos repetirlo. Parafraseando al célebre dramaturgo, tendremos que seguir defendiendo lo obvio.

Tengan la seguridad de que el Poder Judicial en Canarias, desde ese necesario clima de sosiego y de respeto institucional, que no está reñido en absoluto con la firmeza en la detección de problemas y en la exigencia de soluciones, seguirá ejerciendo su función con independencia y con rigor.

VI.  V CENTENARIO DE LA REAL AUDIENCIA DE CANARIAS

Quiero dedicar especial atención a una efeméride de extraordinaria importancia para nuestro territorio y para la historia de la Justicia en España. El próximo 7 de diciembre de 2026 se cumplirán 500 años de la creación de la Real Audiencia de Canarias.

La fundación de la Real Audiencia constituye un acontecimiento capital en la historia institucional del Archipiélago y en la consolidación del Estado moderno. Supuso la creación de un tribunal colegiado con jurisdicción sobre todo el territorio insular —el primer órgano que extendió su competencia a toda Canarias— y surgió con la finalidad de acercar la administración de justicia a todos los habitantes del Archipiélago, tanto en las islas de realengo como en las de señorío, evitando dilaciones y desplazamientos onerosos para recurrir ante la Chancillería de Granada. Desde entonces, la institución ha conocido importantes transformaciones, manteniendo hasta hoy su proyección histórica bajo la actual denominación de Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Me complace anunciar, al respecto, que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de este miércoles, 24 de septiembre, adoptó un acuerdo por el que: «Reconoce la Real Audiencia de Canarias, creada por Real Carta de Carlos I el 7 de diciembre de 1526, como un órgano de naturaleza jurisdiccional que expresa el vínculo histórico de la península con las Islas Canarias y la unidad de estas» y «saluda y agradece la iniciativa del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias para organizar los actos de conmemoración del V Centenario» y “muestra su apoyo a esta conmemoración, ofreciendo su colaboración para la preparación y celebración de esta efeméride.”

A tal efecto, anuncio que se constituirá en breve una Comisión Organizadora, en la que participarán todas las administraciones relacionadas con el evento y cuya presidencia de honor se ofrecerá a Su Majestad el Rey. Dicha Comisión, junto con el Comité Ejecutivo, planificarán y coordinarán los actos conmemorativos, que, tal como está previsto, comprenderán un extenso elenco, que va desde publicaciones, conferencias o una exposición, a la restauración y digitalización de los fondos de la Real Audiencia, depositados actualmente en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, sin olvidar, por supuesto, el acto conmemorativo central, que está previsto que se lleve a cabo a finales del año 2026

VII.  COMENTARIO FINAL

El año pasado concluía mi discurso felicitándome por la vuelta a la normalidad institucional tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de los dos vocales delegados para Canarias, el Excmo. Sr. D. José Antonio Montero y la Excma. Sra. D.ª Inés Herreros, a quienes agradezco no solo su asistencia, sino su magnífica disposición y plena implicación en todos los asuntos que afectan a este Tribunal Superior de Justicia desde que asumieron sus cargos.

El camino emprendido por el nuevo Consejo ha permitido completar todos los nombramientos pendientes y, con ello, cubrir las seis presidencias que estaban vacantes o en funciones en nuestro territorio. La última, recientemente, la Presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Así ha quedado completa la Sala de Gobierno, que también renovó su composición mediante las elecciones celebradas en noviembre de 2024.

El nuevo Consejo, con su presidenta al frente, está reclamando con firmeza el respeto hacia el Poder Judicial. Esta reivindicación cuenta con el alineamiento absoluto de todos los integrantes de la carrera judicial, pues sin ese respeto no podemos desarrollar nuestra labor constitucional con independencia. Ello afecta directamente al Estado de Derecho, uno de los pilares fundamentales de nuestra Constitución y de la Unión Europea.

En definitiva, siguiendo la estela del diálogo que permitió la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y los grandes logros de nuestra democracia, resulta necesario tender puentes y exigir respeto y lealtad institucional hacia el Poder Judicial. Este poder no debe olvidarse que radica en todos y cada uno de los jueces y magistrados que lo integran, y constituye la garantía última de la libertad y los derechos de todos los ciudadanos.

En este contexto, el V Centenario de la Real Audiencia de Canarias nos brinda la oportunidad de recordar que la Justicia en nuestras islas tiene raíces profundas, que se hunden en cinco siglos de historia, y que esta tradición jurídica ha contribuido de manera decisiva a forjar nuestra identidad, dentro de España, como territorio y como comunidad.

Con la mirada puesta en los retos que tenemos por delante y agradeciendo nuevamente la presencia de todas las autoridades e instituciones aquí representadas, doy por concluido este acto solemne de apertura del año judicial 2025.