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La defensa de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha decidido sumarse al recurso interpuesto por la Fiscalía y por la propia Gómez ante la Audiencia Provincial de Madrid. El objetivo: impedir que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceda y analice siete años de correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta de Presidencia asignada a Gómez en Moncloa, un período que abarca desde 2018 hasta la actualidad. Esta maniobra, que se presenta como una defensa de derechos fundamentales, no es más que un intento flagrante de obstruir la justicia, perpetuando una opacidad que erosiona la confianza en las instituciones y alimenta sospechas de encubrimiento en los más altos niveles del poder.
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dictó el pasado 3 de septiembre una providencia que ordenaba esta diligencia investigadora, un paso lógico en una causa que acumula indicios de irregularidades graves. Sin embargo, la adhesión de la defensa de Álvarez –representada por el letrado José María de Pablo– al recurso de apelación de la Fiscalía eleva el debate a un terreno preocupante: ¿hasta qué punto el Ejecutivo y sus allegados pueden blindarse ante el escrutinio judicial?
Para entender la magnitud de esta petición, es imprescindible retroceder al núcleo del escándalo. Begoña Gómez se encuentra investigada desde abril de 2024 por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, derivados de su rol como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). A estos se han sumado acusaciones de apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y, más recientemente, malversación de caudales públicos, vinculada precisamente a la contratación de Cristina Álvarez como su asesora en Moncloa.
Álvarez, una funcionaria de carrera que supuestamente realizó «favores puntuales» a Gómez –como se defendió la propia investigada en su declaración del 10 de septiembre–, ha sido citada como imputada en esta rama del caso. Gómez, en su cuarta comparecencia ante Peinado, insistió en que Álvarez no ejerció funciones impropias, pero los indicios apuntan a un uso irregular de recursos públicos. El juez, ante estas sospechas, solicitó el análisis de los correos para esclarecer si existieron comunicaciones que avalen o desmientan estas acusaciones, un período que coincide con la llegada de Sánchez al poder y el ascenso de Gómez en entornos académicos y empresariales.
La providencia del juez no es un capricho: responde a la necesidad de verificar si Gómez utilizó su posición para favorecer intereses privados, como los de empresarios vinculados a contratos públicos o a la UCM. Sin embargo, la respuesta ha sido un frente común entre la Fiscalía –dependiente del Ministerio de Justicia– y las defensas privadas, lo que plantea serias dudas sobre la independencia del Ministerio Público en casos que rozan el poder ejecutivo.
En el escrito de adhesión la defensa de Álvarez argumenta que el acceso a estos correos supone «una medida restrictiva de derechos fundamentales», como la intimidad y el secreto de las comunicaciones, y que carece de motivación suficiente. Similarmente, la Fiscalía califica la decisión de Peinado de «absolutamente desmesurada» y sin análisis de proporcionalidad, cuestionando por qué se deben revisar «todos los correos electrónicos enviados y recibidos» sin filtros específicos.
Estos argumentos, aunque revestidos de formalismo legal, pecan de una miopía deliberada. En un Estado de derecho, la investigación judicial no puede detenerse ante invocaciones genéricas a la privacidad cuando existen indicios de delitos graves. La revisión de correos no es una intromisión arbitraria, sino una herramienta estándar en causas de corrupción, siempre bajo supervisión judicial. Bloquearla equivale a cerrar puertas a la verdad, especialmente cuando los correos en cuestión provienen de una cuenta oficial en Moncloa, financiada con fondos públicos. ¿Qué se oculta en esos siete años de comunicaciones que justifique tal resistencia?
La defensa de Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, ya había recurrido previamente, alegando que la diligencia «carece de cualquier motivación». Pero esta postura ignora el contexto: el juez ha ampliado la investigación basándose en informes de la UCO que señalan posibles irregularidades en contratos y favores. Permitir que la Audiencia Provincial frene esta diligencia no solo dilataría el proceso, sino que enviaría un mensaje peligroso: los poderosos pueden eludir el escrutinio con recursos procesales.
Esta alianza entre Fiscalía y defensas no es inocente. Bajo el mandato de Sánchez, el Ministerio Público ha mostrado una alineación sospechosa con el Gobierno en causas sensibles, como esta o la relacionada con el ‘caso Koldo’. Criticar esta petición no es atacar la presunción de inocencia, sino defender el principio de igualdad ante la ley. Si Gómez y Álvarez nada tienen que ocultar, ¿por qué oponerse con tanta vehemencia a una medida que podría exculparlas?
La opacidad en Moncloa no es nueva: desde el uso de aviones oficiales hasta los contratos opacos durante la pandemia, el Ejecutivo ha cultivado un velo de secretismo que choca con los estándares democráticos. Este recurso agrava esa tendencia, sugiriendo que el poder se protege a sí mismo por encima del interés público. En España donde la corrupción ha minado la fe en las instituciones –recordemos los escándalos del PSOE en Andalucía o el PP en Génova–, bloquear investigaciones como esta solo fomenta el hartazgo ciudadano.
Reacciones como las de la oposición, que denuncian «interferencia política», o de juristas independientes que ven en Peinado un juez valiente ante presiones, subrayan la gravedad del asunto. La Audiencia Provincial tiene ahora la palabra: si estima el recurso, validará un retroceso en la lucha anticorrupción; si lo rechaza, restaurará algo de fe en la justicia.
En última instancia, es el ciudadano quien paga el precio de la impunidad.
