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En un revés judicial de gran calado, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos ha dictaminado que la mayoría de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, al considerar que excedió su autoridad al ampararse en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. La decisión, adoptada por una mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra, confirma un fallo previo del Tribunal de Comercio Internacional de mayo y limita la capacidad presidencial para imponer gravámenes sin la aprobación del Congreso. No obstante, los jueces han suspendido la revocación de los aranceles hasta el 14 de octubre, otorgando a la Administración Trump un plazo para apelar ante la Corte Suprema, un movimiento que el presidente ya ha anunciado que emprenderá.
El dictamen, emitido este viernes en Washington D.C., pone en jaque uno de los pilares de la agenda proteccionista de Trump, quien ha convertido los aranceles en una herramienta clave de su política exterior y económica desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. La corte ha determinado que la IEEPA, invocada por Trump para justificar los aranceles alegando una «emergencia nacional» por déficits comerciales y supuestas amenazas como el tráfico de drogas desde México y Canadá, no otorga al presidente autoridad para imponer gravámenes de forma unilateral. «Parece improbable que el Congreso, al promulgar la IEEPA, pretendiera otorgar al presidente una autoridad ilimitada para imponer aranceles», señala el fallo de 127 páginas, subrayando que esta potestad recae en el poder legislativo, según la Constitución estadounidense.
Los aranceles en cuestión, que incluyen los denominados «recíprocos» impuestos el pasado 2 de abril en el llamado ‘Día de la Liberación’ y otros dirigidos específicamente contra China, Canadá, México e India, afectan a una amplia gama de importaciones y han generado ingresos significativos para el Tesoro estadounidense. Sin embargo, también han disparado los precios para los consumidores y han tensionado las relaciones comerciales con aliados clave. La decisión no afecta a los aranceles sectoriales sobre acero, aluminio o automóviles, impuestos bajo la Ley de Expansión Comercial, que sí otorga al presidente ciertas competencias.
La respuesta de Trump no se hizo esperar. Desde su plataforma Truth Social, el presidente calificó al tribunal de «altamente partidista» y su fallo de «erróneo», asegurando que «todos los aranceles siguen en vigor» y que «Estados Unidos ganará al final». En un tono beligerante, advirtió que la eliminación de los gravámenes sería «un desastre total» que «destruiría literalmente» la economía estadounidense, debilitando a sus empresas y trabajadores. «Con la ayuda del Tribunal Supremo, usaremos los aranceles para hacer a EE UU rico, fuerte y poderoso», afirmó, anticipando una apelación que podría llegar a un Supremo de mayoría conservadora, con tres jueces nombrados por él mismo.
La fiscal general, Pam Bondi, respaldó esta postura, anunciando que el Departamento de Justicia apelará el dictamen, al que calificó de «erróneo». «Continuaremos luchando para restaurar la autoridad legítima del presidente», declaró en un mensaje en la red social X.
Por su parte, los demandantes, que incluyen cinco empresas afectadas y doce estados, celebraron la decisión. Jeffrey Schwab, del Liberty Justice Center, destacó que el fallo «protege a las empresas y consumidores de la incertidumbre y los daños causados por estos aranceles ilegales». La sentencia, según Schwab, reafirma que el presidente no puede actuar al margen del Congreso en materia comercial.
La decisión del Supremo no solo determinará el destino de los aranceles, sino que también definirá los límites del poder presidencial en un país profundamente dividido donde el proteccionismo y el libre comercio libran una pugna sin cuartel.
