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El Gobierno australiano anunció este martes la expulsión del embajador de Irán en Canberra y de tres diplomáticos más, y atribuyó formalmente a Teherán la dirección de al menos dos atentados antisemitas perpetrados en 2024: el incendio intencionado que dañó el restaurante kosher de Bondi (Sídney) y el ataque con cócteles molotov que arrasó parte de la sinagoga Adass Israel de Melbourne. La decisión, inusualmente drástica —es la primera expulsión de un embajador por parte de Australia desde la Segunda Guerra Mundial— sitúa la crisis en un plano diplomático y de seguridad que Canberra califica ya de “agresión extranjera”.
El primer ministro Anthony Albanese explicó que la conclusión se sustenta en “inteligencia creíble” del servicio de espionaje doméstico, ASIO, que apunta a la implicación de mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (IRGC) en la planificación y dirección de los ataques, ejecutados mediante intermediarios y redes criminales locales. Las fuentes oficiales describen un patrón en el que agentes extranjeros habrían contratado o captado a delincuentes y bandas para lanzar los atentados y sembrar el miedo entre la comunidad judía australiana. El Ejecutivo suspendió las operaciones de su embajada en Teherán, dio a sus diplomáticos siete días para abandonar Australia y elevó la advertencia de viaje para ciudadanos en Irán.
Las imágenes de los ataques y las pesquisas judiciales han dejado ya imputados: la policía federal y las fiscalías han acusado a varios sospechosos —entre ellos, según medios, un exlíder de una banda de moteros— en distintas causas vinculadas a los incendios y a la destrucción de bienes religiosos, si bien las autoridades subrayan que la investigación continúa abierta y que las responsabilidades penales de terceros están siendo sometidas a proceso independiente del hallazgo de la injerencia extranjera. La comunidad judía australiana recibió la noticia entre el alivio por el reconocimiento oficial del origen de algunos atentados y el temor por la posibilidad de nuevas acciones. Organizaciones representativas aplaudieron la firmeza de Canberra, pero reclamaron a la vez garantías de protección y apoyo para reparar los daños materiales y simbólicos.
Teherán rechazó de inmediato las acusaciones y prometió “medidas recíprocas”. El Ministerio de Exteriores iraní calificó la maniobra australiana de injustificada y motivada por presiones geopolíticas, mientras el debate internacional se fue enroscando con ecos de la actual polarización por la guerra entre Israel y Hamas y el aumento de las tensiones con la República Islámica en diversos frentes. La Casa Blanca y algunos aliados occidentales han mostrado en los últimos meses inquietud por lo que describen como una mayor propensión de Irán a operar en el extranjero a través de proxy y células clandestinas; la decisión de Canberra refuerza esa lectura y puede acelerar movimientos coordinados o sanciones adicionales contra el IRGC.
En términos prácticos, la expulsión complica de forma inmediata las relaciones diplomáticas entre ambos países: Australia ha declarado persona non grata al embajador Ahmad Sadeghi y ha paralizado actividades consulares, mientras prepara leyes para designar oficialmente al IRGC como organización terrorista, una medida que obligaría a endurecer todos los instrumentos de control sobre activos y redes vinculadas a Teherán. El impacto en la comunidad iraní australiana y en las relaciones comerciales y culturales será objeto de seguimiento en las próximas semanas, pero por ahora Canberra prioriza la seguridad interna y la protección de minorías frente a lo que califica de injerencia inaceptable.
