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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de restablecer la pena capital para todos los asesinatos cometidos en la capital federal, donde fue abolida en 1981. La declaración, realizada durante una reunión del gabinete, forma parte de una ofensiva más amplia del Ejecutivo para reforzar la seguridad y reafirmar el control federal sobre la ciudad.
La medida ha sorprendido incluso dentro de los muros oficiales, ya que Washington cuenta desde hace décadas con una moratoria sobre la pena de muerte y un referéndum de 1992 donde la ciudadanía votó abrumadoramente en contra de su reinstauración . Sin embargo, dadas las particularidades jurídicas del Distrito de Columbia —que permite la aplicación de sanciones federales incluso si están prohibidas a nivel local— el presidente ha insistido en expandir la jurisdicción del Gobierno central: “Si alguien comete un asesinato en la capital, vamos a solicitar la pena capital”, afirmó, describiéndola como una “fuerte medida disuasoria”.
Aun sin presentar un plan legal detallado, esta propuesta llega junto a una intervención masiva del Ejército y de agencias federales. Desde hace semanas, el mandatario ha impulsado un despliegue sin precedentes de agentes federales, la Guardia Nacional y efectivos de distintos cuerpos bajo mando central, con el argumento de frenar una presunta ola de criminalidad. El control de la Policía Metropolitana ha pasado a estar bajo jurisdicción federal y, según cifras oficiales, se han realizado más de 550 detenciones en apenas 13 días.
Esta ofensiva llega acompañada de un discurso de mano dura que contradice numerosos datos estadísticos. Expertos y funcionarios locales han denunciado que la criminalidad violenta en Washington ya se encontraba en mínimos de treinta años, con una tendencia descendente en homicidios, robos y agresiones. Pese a ello, el presidente ha insistido en su narrativa de “ciudad tomada por pandillas violentas”, algo criticado como una estrategia para justificar la militarización del distrito.
Por otro lado, muchos han cuestionado la viabilidad jurídica de imponer la pena de muerte en D.C. incluso bajo una base federal, ya que su reinstauración requeriría no solo la voluntad del fiscal del Distrito, sino que un juicio que concluya con veredicto unánime en favor del último recurso penal. La dimensión política e incluso simbólica de esta propuesta está provocando un intenso debate sobre los límites del poder federal, la división de competencias y los derechos fundamentales de una ciudad que goza de particular autonomía.
La propuesta de imponer la pena capital en Washington D.C. y el despliegue de fuerzas federales marcan una línea de confrontación sin precedentes con las autoridades locales, que advierten de una deriva autoritaria. Queda por ver si estos anuncios se traducen en medidas concretas o si la iniciativa queda en un mensaje político contundente, pero simbólico, para la agenda de mano dura.
