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El Gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado la liberación de trece presos políticos en un movimiento que se interpreta como resultado directo de la creciente presión diplomática y militar en torno a Venezuela. Entre los excarcelados se encuentran tres exalcaldes, varias figuras opositoras y dos ciudadanos de nacionalidad italiana, lo que añade una dimensión internacional a un episodio que ha generado tanto alivio como cautela en las filas de la oposición.
El anuncio fue difundido de madrugada por el dirigente opositor Henrique Capriles Radonski, quien detalló los nombres de los beneficiados. Siete de ellos recuperaron la libertad plena, entre los que destaca Américo De Grazia, exdiputado y ciudadano italiano que había sido arrestado por su abierta crítica al chavismo. Junto a él salieron de prisión Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo y Gorka Carnevalli. El resto de los excarcelados, entre quienes figuran los exalcaldes Nabil Maalouf y Rafael Ramírez, así como Pedro Guanipa y David Barroso, han sido enviados a arresto domiciliario, lo que limita la medida a un régimen de semilibertad bajo control del aparato judicial chavista.
La liberación llega en un momento delicado para el régimen. Estados Unidos ha intensificado su presión contra el llamado Cartel de los Soles, la red de narcotráfico que la DEA vincula con altos mandos del chavismo, y ha desplegado unidades navales en el Caribe con el objetivo declarado de cortar las rutas del tráfico de cocaína. Washington había exigido avances concretos en materia de derechos humanos, y los aliados europeos, en particular Italia, reclamaban con insistencia la excarcelación de ciudadanos con doble nacionalidad venezolana e italiana detenidos por razones políticas.
El caso de De Grazia es especialmente simbólico. Figura clave de la oposición, fue detenido en medio de las oleadas de represión contra dirigentes regionales. Su doble ciudadanía había motivado reiteradas protestas de Roma, que en diciembre del año pasado llegó a elevar formalmente una queja ante Caracas. Con su liberación y la de otros compatriotas, el Gobierno italiano ha conseguido un gesto que llevaba meses persiguiendo. Sin embargo, familiares de otros opositores con pasaporte italiano aún reclaman su salida de prisión, recordando que se trata de un problema más amplio y sistémico.
Aunque el anuncio ha sido recibido con alivio por parte de las familias y organizaciones de derechos humanos, las críticas no han tardado en llegar. Foro Penal, ONG que lleva años registrando la situación carcelaria en Venezuela, recordó que más de 850 presos políticos continúan tras las rejas, y calificó la medida como una “liberación selectiva” destinada a calmar las presiones externas sin resolver el problema de fondo: el uso de la justicia como herramienta de persecución política.
La excarcelación también ha sido interpretada como un intento de Maduro de ganar margen de maniobra en un tablero internacional cada vez más hostil. Mientras la oposición celebra tímidamente la salida de algunos de sus dirigentes, se mantiene la sensación de que el régimen utiliza a los presos como moneda de cambio en negociaciones que van mucho más allá de la política doméstica. Las próximas semanas serán claves para determinar si este gesto abre la puerta a un proceso más amplio de liberaciones o si se trata, como tantas veces en el pasado, de una maniobra calculada para ganar tiempo.
